Más delitos a mano armada, un sistema judicial ineficiente y las acciones del crimen organizado, hicieron que el estado cayera del lugar 17 al 24, señala el Índice de Paz México que se presentó en la Casa ITESO Clavigero.
El descenso en Jalisco de lo que organismos internacionales y nacionales consideran como una situación de paz, coincide con el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, ya que en 2012 la entidad ocupaba el lugar 17 en el Índice de Paz México (IPM) y hoy está en el 24, superado por Baja California, Chihuahua o Tamaulipas.
Según este estudio, Guerrero es el estado más violento de la república.
Indicadores como el aumento en el número de delitos a mano armada y la ineficiencia del sistema judicial, son los que explican la pérdida de posiciones para Jalisco, tal como se señaló durante la presentación del citado Índice, el jueves 27 en la Casa ITESO Clavigero, actividad organizada por el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos de la universidad (SOJ).
Patricia de Obeso, representante del Instituto para la Economía y la Paz, organismo encargado de realizar este estudio a nivel global –analizan 162 países–, la tendencia en homicidios en el país “ha ido a la baja: de estar en 2012 en 18 por cada 100 mil habitantes, en 2014 fueron 13 por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, el promedio mundial de homicidios es de seis personas por cada 100 mil habitantes”.
En el Índice Global de Paz, México aparece en la posición 144, y está catalogado como el menos pacífico de la región Centroamérica y Caribe.
La eficiencia de los sistemas judiciales se midió a partir de la tasa de impunidad en materia de homicidios. “¿Cuántos sucedieron y cuántos realmente llegaron a un castigo? Estados como Guerrero, Chihuahua o Morelos tienen una tasa de impunidad del 89%”, destacó De Obeso, quien agregó que en Jalisco esta tasa es del 56%.
“La violencia no azota igual en todos los estados. La región norte del país sigue siendo la más violenta”, añadió. En contraste, los estados con mejores resultados fueron Hidalgo, Yucatán, Querétaro, Campeche y Tlaxcala.
¿Qué se puede hacer?
Guillermo Zepeda, académico del SOJ, señaló que la aportación del IPM radica en mostrar “qué es lo que están haciendo otros estados mejor que nosotros”.
Zepeda mencionó que en los últimos ocho años, Jalisco ha cuadriplicado el número de personas que mete a prisión, lo cual no ha servido para que nos sintamos más seguros.
“La Fiscalía del Estado destina un millón 400 mil pesos al año a prevención del delito y mil 800 millones de pesos a la operación del sistema penitenciario, es decir, una proporción de un peso para prevención por cada mil de sanción”, destacó Zepeda. “Tenemos casi el mismo número de personas en prisión que el Estado de México, a pesar de que tenemos la mitad de su población”.
Según datos proporcionados por el académico, Jalisco es el tercer sistema penitenciario más saturado de México, ya que está al 180% de su capacidad. El penal para sentenciados de Puente Grande está al 320% de su capacidad, el preventivo al 280%; con estas cifras, afirmó, es imposible la reinserción social de los presos.
“Baja California estaba igual que Jalisco hace cuatro años y ha reducido su número de prisión preventiva y de internos en centros penitenciarios, y pasó del segundo al décimo cuarto, sin que se cayera a pedazos el estado. Simplemente fue más racional en el uso de la prisión”, aseveró.
Métodos alternativos de justicia como los juicios orales, recordó Zepeda, pueden ser de utilidad para reducir la población en las cárceles.
“En un año, Jalisco ha resuelto por métodos alternativos mil 300 asuntos en materia penal, cuando otros estados resuelven diez mil o 25 mil. Es decir, apenas se resuelve el 1.5% de la carga de trabajo del sistema penal, cuando Baja California llega al 24%”.
Zepeda cuestionó que el Plan Estatal de Desarrollo del actual Gobierno de Jalisco tenga como una de sus metas bajar la sobrepoblación penitenciaria de un 180% a un 150%. “Es terrible esta meta: la Organización de las Naciones Unidas dice que más del 100% de ocupación penitenciaria es violación de derechos humanos y más del 120% es trato cruel e inhumano”. Texto Gustavo Abarca Foto Proyecto Diez
