La migración es inevitable y exige ser integrada como una realidad compleja y dinámica, pide la Red Jesuita con Migrantes de Latinoamérica y el Caribe, en el marco del Día Internacional del Migrante, el 18 de diciembre.

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Inmigrantes son atendidos por el Colectivo FM4 en las inmediaciones de las vías del tren de Guadalajara

En el comunicado que emitió invita a las sociedades latinoamericanas, ciudadanos, instituciones y Estados a desarrollar la virtud de la hospitalidad y la justicia con los migrantes.

En el documento se indica que “la migración contemporánea es un fenómeno inevitable que exige ser integrado como parte de una realidad compleja y dinámica que involucra a migrantes y ciudadanos locales; de allí que la hospitalidad es una virtud que permite lograr una mejor convivencia entre nuestros pueblos. Muchos migrantes sobreviven gracias a prácticas hospitalarias de familias e individuos en los lugares donde estos pasan y llegan, estos gestos deberían trascender a una hospitalidad comunitaria y activa que se evidencie en la esfera pública”.

Se trata de un “clamor sentido de cerca de 26 millones de latinoamericanos y caribeños que son migrantes internacionales. Como consecuencia de la creciente crisis económica, los migrantes viven cada vez más atrapados en una encrucijada donde, por un lado, son impulsados por factores de atracción económica que alientan la migración hacia los países desarrollados, y por otro lado en esos mismos países se aplican políticas cada vez más restrictivas, vinculadas con concepciones de seguridad nacional que los termina criminalizando”.

La red destaca el flujo hacia Estados Unidos, pues se estima que de los 12millones de indocumentados en ese país, el 55% son mexicanos.

También resalta que alrededor del 12% de los centroamericanos ha emigrado fuera de sus países de origen de manera indocumentada, en la mayoría de los casos, siendo esta la región que más personas expulsa hacia Estados Unidos.

“En este flujo migratorio cada vez se mezclan más factores de riesgo, como la violencia que persigue a las personas migrantes desde el origen, siendo causa de su salida, y durante  todo el  tránsito por México,  al ser esta una de las rutas más peligrosas del mundo, con los dramáticos casos de las masacres de migrantes y los más de 20 mil secuestros en seis años”.

De acuerdo con información expuesta por la RJM-LAC, Colombia continúa siendo el principal generador de desplazamiento forzado y expulsión de personas hacia otros países: alrededor de cinco millones de personas han sido internamente desplazadas, y aunque el desplazamiento interno  ha disminuido los flujos de personas colombianas hacia los países vecinos se mantienen e inclusive en algunas regiones fronterizas han aumentado. Lo anterior da un saldo de más de 400 mil personas con necesidad de protección en Venezuela, Panamá y Ecuador.

La RJM-LAC añade que en otros países de América Latina la migración crece y se expande conviviendo con nuevas realidades, y ejemplifica con la región sur del continente, donde hay tres países que son grandes expulsores como Bolivia, Paraguay y Perú, y las personas migran de forma masiva a Brasil, Argentina y Chile.

En relación con el Caribe, “Haití continúa siendo el país de mayor expulsión de migrantes, quienes se desplazan hacía países como Brasil, Ecuador, Venezuela, entre otros. En tanto, República Dominicana ha sido el país de mayor acogida de migrantes haitianos, un grupo que “se constituye en una importante fuerza de trabajo que ha aportado al desarrollo de la economía dominicana. Sin embargo, hoy es alarmante e incierto el destino que tendrán más de cuatro generaciones de ciudadanos dominicanos, para quienes se ha ordenado una desnacionalización retroactiva por ser hijos de migrantes en situación irregular. La sentencia adoptada por el Tribunal Constitucional de Republica Dominicana deja al descubierto la necesidad de reorientar la reflexión sobre el pacto social entre el Estado y sus ciudadanos, pero sobre todo la necesidad de sincerar las políticas para la protección de derechos de los migrantes y sus garantías”, advierte la red.

En este contexto, considera que los movimientos migratorios son  “un desafío respecto a la promoción de políticas públicas contra la violación de los derechos civiles, económicos y culturales de los migrantes” y reflejan “la necesidad de promover valores que ayuden a la sociedad, en el paso de ser receptora a ser una sociedad de acogida”. Texto y foto Comunicación Social