Esta forma de violencia de género no es un asunto privado, sino una violación grave a los derechos humanos que deja secuelas irreversibles en quienes la padecen y que en Jalisco ha sido objeto de debates legislativos significativos
Por María Gabriela Arreola Martín
La violencia vicaria es una forma cruel y extrema de violencia de género en la cual los agresores utilizan a terceros, principalmente a los hijos, para dañar a una mujer. A través del maltrato psicológico, sustracción, manipulación, violencia física contra los menores e incluso la muerte, el objetivo del agresor es dañar el vínculo entre la madre–hijo, separarlos, o causar sufrimiento a los menores para ejercer control sobre la mujer y causar el mayor daño posible.
El término fue acuñado por primera vez en 2012 por la psicóloga argentina Sonia Vaccaro. Su propósito no es solamente el daño inmediato, sino un sufrimiento duradero que pretende dañar irreparablemente a la madre.
Se observa con frecuencia en contextos de separación o divorcio en los que el agresor emplea a los menores como herramienta de manipulación y control.
Esta forma de violencia se puede manifestar de distintas formas, entre las cuales destacan:
- La manipulación emocional y psicológica: el agresor manipula a los menores para rechazar a su madre, generando conflictos entre ellos y afectando el vinculo materno con los menores, causando daños emocionales y psicológicos tanto a la mujer como a los menores.
- Obstaculización del vínculo materno–filial: a través de procesos judiciales y con el uso de poder económico, amenazas y engaños, el agresor impide que la madre vea a sus hijos, obtiene la custodia o en casos extremos sustrae al menor, separándolo de la madre.
- Violencia económica: la negativa de proveer pensión alimenticia o recursos básicos para el menor.
- Violencia física: En casos más graves el agresor llega a ejercer violencia física o incluso a atentar contra la vida del menor con el único objetivo de causar dolor y sufrimiento a la madre.
En el estado de Jalisco la violencia vicaria ha sido objeto de debates legislativos significativos. El 5 de junio de 2024 el Congreso local aprobó reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco, al Código Penal y al Código Civil estatales. Estas reformas introdujeron el término “violencia por interpósita persona”, definido como cualquier acto u omisión que, con el objeto de causar perjuicio o daño a las mujeres, se dirige contra sus hijas o hijos.
Esta modificación ha sido objeto de controversia. Organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos critican que, al sustituir el término “violencia vicaria” por “violencia por interpósita persona” se diluye la especificidad del problema y podría dificultar la protección efectiva de las víctimas.
Un caso que refleja los desafíos en la aplicación de esta legislación es el de Diego Romo, quien ha enfrentado acusaciones de violencia vicaria por parte de su expareja durante casi ocho años. Este proceso ha generado más de 200 expedientes judiciales, lo que deja en evidencia la complejidad y las lagunas legales que aún persisten en la atención y resolución de casos de violencia vicaria en Jalisco.
El reconocimiento de la violencia vicaria como una forma de violencia de género es un paso decisivo para la protección de mujeres y niños. Es urgente que más estados en México legislen al respecto, estableciendo sanciones claras y mecanismos de protección efectivos.
Además, es fundamental que la sociedad tome conciencia de esta problemática. La violencia vicaria no es un asunto privado, sino una violación grave a los derechos humanos que deja secuelas irreversibles en quienes la padecen. Visibilizar, denunciar y exigir justicia son acciones necesarias para erradicar este tipo de violencia.
La violencia vicaria es una forma extrema de violencia de género que busca dañar a las mujeres a través de sus hijas e hijos. A pesar de su impacto devastador, su reconocimiento legal en México sigue siendo un desafío, como lo demuestra el caso de Jalisco, donde la tipificación del delito ha sido objeto de controversia.
Si bien se han dado avances legislativos, las lagunas normativas y la falta de mecanismos claros de protección siguen dejando en vulnerabilidad a muchas víctimas. Es fundamental que las autoridades trabajen en leyes más precisas y en su correcta aplicación para garantizar justicia y evitar que más mujeres y sus hijos sufran este tipo de violencia.

María Gabriela Arreola Martín estudia la licenciatura en Derecho en el ITESO. Este artículo es parte de la investigación “Violencia vicaria en el Área Metropolitana de Guadalajara, análisis jurídico y barreras en el acceso a la justicia” que se lleva a cabo en el PAP “Mirar la ciudad con otros ojos” en el ITESO, Primavera 2025.