La ley en materia de desaparición forzada servirá como herramienta para procurar que disminuyan los círculos de violencia en el país, señaló Paulina Cerdán, durante las Jornadas Universitarias por la Paz.
Ante la crisis de violencia que sufre el país y la ola de desapariciones que comienza en 2007, la creación y expedición de la Ley general en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas fue un escalón más en la lucha por poner a las víctimas al centro de la conversación, afirmó Paulina Cerdán Corona, directora ejecutiva del Centro de Colaboración Cívica (CCC).
“Las familias –de las personas desaparecidas– afirman que el objetivo no es la ley, el objetivo es encontrarlos. Saben que en México las leyes no van a resolver las cosas, pero también que es un instrumento indispensable para empezar a avanzar a soluciones”, asentó Cerdán Corona durante su ponencia “La lucha contra la desaparición de personas en México. El aporte de las víctimas a la construcción de paz”, durante las Jornadas Universitarias por la Paz realizadas la semana pasada en el ITESO.
La egresada de Relaciones Internacionales comentó que, a pesar de que las desapariciones forzadas se han registrado en el país desde la década de los 60, no fue sino hasta 2017 con la promulgación de esta ley, que se logró tipificar este delito, así como la figura de desaparición cometida por particulares.
Esta última es una figura exclusiva de la ley mexicana que corresponde al contexto vivido actualmente. Según la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, el delito de desaparición forzada es la privación de la libertad de una o más personas cometida por agentes del estado o por grupos que actúan con la autorización o apoyo del estado, seguida de la falta de información o negativa para reconocer esa privación de la libertad o informar sobre el paradero de la persona.
“Muchas de las desapariciones se generan a partir de acciones del crimen organizado. Ante esta problemática, uno de los principales reclamos de los familiares era poder tipificar el delito de desaparición por particulares, lo cual significa que un particular, es decir, una persona que no forma parte del estado, desaparezca a mi familiar. Eso permite mayor cobijo jurídico para la investigación de los casos”, señaló la ponente, ante un foro de estudiantes y académicos.
Entre los impedimentos para el proceso de la construcción de la Ley general en materia de Desaparición Forzada, en el que organismos civiles nacionales e internacionales acompañaron y facilitaron el diálogo entre colectivos de familias integrados en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y las autoridades legislativas, fue la falta de registros veraces, precisos y confiables no solo sobre las víctimas, sino también sobre los delitos.
A pesar de ello, “los datos nos permiten tener un panorama general y entender la magnitud de la crisis en la que estamos”, señaló Cerdán Corona. “En los últimos 11 años, hay un total estimado de 36 mil 743 desaparecidos a nivel nacional, de acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED)”, compartió la directora del CCC, a la vez que aclaró que este dato podría reflejar tan solo una tercera parte del total de desaparecidos debido a la falta de denuncias.
“Estamos en una situación muy compleja donde tienes –preliminarmente- 36 mil desaparecidos y tienes 35 mil cuerpos sin identificar en el país. Y no tienes capacidades suficientes en las instituciones para identificar y procesar estos cuerpos”, señaló Paulina Cerdán.
Refirió que un antecedente importante para la construcción de esta ley fue la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en 2014 de la que se cumplieron, el pasado 26 de septiembre, cuatro años de búsqueda sin resultados, y el impacto que sigue teniendo este caso a nivel nacional. “Esto dejó ver que las desapariciones no son casos aislados, sino una violación sistemática y generalizada en el país. Siguen ocurriendo todos los días y eso tiene retos muy grandes”, dijo.
Sin embargo, reconoció que más allá de que se haya logrado la ley, lo emblemático reside en que se construyó a través de mecanismos de participación con el Senado de la República, logrando “una oportunidad de esperanza en medio de la tragedia que viven estas familias”, concluyó.
Las Jornadas Universitarias por la Paz, organizadas por la Unión de Sociedades de Alumnos del ITESO (USAI), en colaboración con sociedades de estudiantes, colectivos, y el Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz incluyeron la proyección del documental Ayotzinapa, el paso de la tortuga. Testimonios de familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, la exposición de la galería fotográfica “La paz esté con ustedes” y un conversatorio dirigido por Pietro Ameglio, activista de la organización humanitaria Servicio, Paz y Justicia (Serpaj), entre otras actividades.
