Ellas retan a un poder político indiferente, porque tienen un deber con los cuerpos de sus hijos desaparecidos, aun cuando lo que se encuentre sean sólo fragmentos de ellos
Por Antonio Sánchez Antillón, profesor del Departamento de Psicología, Educación y Salud y coordinador la línea Psicoterapia y psicología de la salud del Doctorado en Investigación Psicológica
De acuerdo con las últimas noticias, las madres de desaparecidos están convocando una megamarcha a nivel nacional para este 10 de mayo para demandar lo obvio, en un país donde hay 110,000 personas en tal situación. Al parecer el Estado ha renunciado a la tarea fundamental referida por Weber, a saber: ejercer el monopolio legítimo del uso de la violencia.
Como se sabe, desde la guerra del 2006 iniciada por Felipe Calderón, el pueblo mexicano descubrió que el México bronco había crecido subrepticiamente a causa de la corrupción de las instituciones, de los criminales de cuello blanco y los grupos de traficantes de drogas y personas. Si aceptamos como verosímil aquella declaración de guerra y vemos cómo se fue acrecentando el número de asesinatos y desapariciones forzadas, se puede conjeturar que en esa batalla el único perdedor fue el pueblo mexicano. Hoy por hoy, sea que se acepte o no que estamos en una situación de guerra, los efectos de la violencia en México y el desgaste de los lazos sociales lo evidencian. Este ejercicio de la violencia de baja intensidad es algo que el gobierno actual de la república no reconoce ni quiere enfrentar. Al menos, no confronta a los grupos criminales que asolan a la población y quienes cobran a cambio de “protección” de su propia destructividad. Si bien el gobierno actual se ha declarado abiertamente en contra de los criminales de cuello blanco, sobre todo a quienes han evadido pago de impuestos.
De las diversas violencias que se viven en el país, el tema de la desaparición forzada y el calvario que viven las madres afectadas por estas pérdidas es una tragedia nacional. Y aunque en el informe de derechos humanos del 2023 se reconocen ocho acciones que ha realizado el gobierno para atender el tema, llama la atención que el Ejecutivo no declara nada en contra de quienes siguen perpetrando los hechos. Es decir, se ha ceñido en atender el efecto.
Recientemente se ha intensificado la demanda de los padres de los estudiantes secuestrados y desaparecidos de Ayotzinapa, pues ni a ellos ni a la Sra. Cecilia Flores, miembro de las Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco (FUNDEJ), se les ha dado audiencia, mostrando con ello falta de sensibilidad de quién ahora dirige el destino de la Nación. Contrario a ese acto político el Rey Felipe de España ha otorgado recientemente un premio en la defensa de los Derechos Humanos a FUNDEJ.
Para no ser ingenuos hay que reconocer que de España viene lo que a España llevó la oposición al régimen. Y que ese reconocimiento que hace el Rey en tanto acto político sólo es una jugada retórica a costa del sufrimiento de los desposeídos.
Se sabe por las investigaciones que se han hecho sobre trauma de guerra y por desaparición, que al dolor vivido tras la desaparición de un hijo(a) o un hermano(a) se le suman experiencias de desprecio por parte de los personajes que representan las instituciones y las leyes. Como se evidenció en el escrito Resistencia de las madres de desaparecidos: replanteamiento del trauma y un dilema en la ética profesional; entre la neutralidad clínica y la parcialidad social (Sánchez, Del Palacio & Penilla, 2021), en uno de los relatos que se citan en él cuentan cómo los servidores públicos recomiendan a los familiares que ya no los busquen, no sea que también les pase algo a ellas, e insisten que si les pasó algo es porque sus hijos estaban en malos pasos. Algunos se atreven a revertir los papeles y cuando regresan para darle seguimiento a la denuncia, las reciben con la pregunta: ¿ya tienen más información sobre su “muchacho” ?, revolviendo y disolviendo la responsabilidad de las instituciones en las familias víctimas.
Más aún, las madres expresan que tanto los servidores públicos, como ciertas amistades o familiares las silencian, ya no quieren escuchar más de la desaparición y de la experiencia de frustración constante. Algunas de ellas dicen que aún en terapia algunos psicólogos les dicen que deben cerrar, hacer ya el duelo. Es como si les pareciera irracional la insistencia de la narración y la búsqueda. Quizá los profesionales tampoco soportan escuchar más la crueldad del hecho, quedando entrampados en la vivencia traumática de manera vicaria.
Las relaciones que establecen los servidores públicos con las madres no distan mucho de las declaraciones del gobierno, quienes desestiman la ley, cuando en lugar de procurar justicia tratan de aminorar el hecho (desmienten la realidad) diciendo, por ejemplo, que la denuncia de desaparición forzada es más baja este año que el pasado o al omitir simplemente el tema como lo hizo el presidente en su Tercer Informe. Como si el evento numérico justificara la atrocidad que implica la pérdida de cada desaparecido o asesinado, o como si silenciar el acontecimiento borrara el hecho de la desaparición forzada o el hallazgo de los cuerpos masacrados y destazados en diversos puntos del país. La insensibilidad mostrada por estos funcionarios no es una respuesta aislada sino, al parecer, la forma típica en que reacciona el aparato de Estado en el país frente a la denuncia de la atrocidad. Esta aseveración se sostiene en lo declarado en el informe 2022 de la ONU, el cual indica que las desapariciones y muertes se realizan con la anuencia de un Estado que no hace su función, provocando impunidad.
Este fenómeno de la insensibilidad frente al dolor no es muy diferente al que tuvieron los ejecutores de las víctimas en los campos de concentración. Bilbeny (1993), siguiendo a Hannah Arendt, califica de idiota moral a quienes “sólo ejecutaban órdenes”. Bilbeny (1993), sostiene que la vanidad del mal está del lado de lo irreflexivo, mostrando una aparente normalidad y una total extrañeza del mundo de los demás. Reconoce también que el idiota moral al no admitir culpa o responsabilidad, por no dejar entrar el pensamiento que suscitaría la contradicción, no delibera sobre su acto, simplemente no se plantea admitir o rechazar implicación alguna. Es así como los servidores públicos que se desentienden de la demanda de información y seguimiento de los casos son profesionales que por su carácter anónimo ejercen su falta personal de escrúpulos. Pensando este concepto en el ambiente de la política, también advierte este autor, que la cruel indiferencia del psicópata es más peligrosa si ocupa una jerarquía social mayor. Es así como, la política es, “…la más psicopatogénica de las profesiones, pues es la que juega con la vida y los derechos de las personas…y la que puede hacerlo al abrigo del Estado, con la mayor impunidad” (Bilbeny, 1993; p. 106).
Las madres de desaparecidos retan a al poder político porque ellas tienen un deber con los cuerpos de sus hijos desaparecidos, aun cuando lo que se encuentre sean sólo fragmentos de ellos. Estas mujeres quieren salvar a sus seres queridos de la segunda muerte, de aquella que pretende vaciar de todo signo de humanidad al caído. La reivindicación de ellas es renombrar, resucitar por el verbo aquello que en lo acallado quiere ser borrado de todo derecho y toda señal de lo que algún día fue: un existente humano. Piden sacarlos de los no nombrados para identificar al existente y darle la dignidad a la cual todos tenemos derecho: un lugar donde morar y ser rememorados. Renunciar a ello es volver al estado de la naturaleza, pues como se sabe desde la arqueología, los hallazgos de ritos funerarios en las cuevas primitivas es indicio de inteligencia y sensibilidad humana. A esa primaria expresión de los sentimientos morales no se puede renunciar, hacerlo es volver al estado natural, donde no hay ley, ni orden, ni juicio de realidad.
La insistencia de la búsqueda de desaparecidos reta a ese ojo ominoso del poder político, porque tienen un deber con los cuerpos desaparecidos. A esta condición de crudeza del acto de desaparición y crueldad de los servidores públicos e indiferencia del Estado se puede calificar como una condición propia de la perversión generalizada, en tanto que en ella… “suelen emerger líderes a quienes se obedece al “pie de la letra”, dado que se considera que son la ley misma” (Milmaniene, 2010, p.64).
BIBLIOGRAFÍA
Bilbeny, N. (1993). El idiota moral. La banalidad del mal en el siglo XX. Anagrama.
Del Palacio, I. (2022). Reconfiguración en la Subjetividad de Madres que Participan en Colectivos de Apoyo a Familiares de Personas Desaparecidas en Guadalajara [Tesis de doctorado, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente). Repositorio del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. https://rei.iteso.mx/handle/11117/8124
Del Palacio, C. (Ed.) (2020). Porque la lucha por un hijo no termina. (Editora Celia Del Palacio). Ed. Universidad Veracruzana.
Milmaniene, J. (2010). Clínica de la diferencia.Buenos Aires, Argentina: Biblos.
Naciones Unidas. (2022). Informe del Comité contra la Desaparición Forzada sobre su visita a México en virtud del artículo 33 de la Convención. https://en15dias.com/wp-content/uploads/2022/04/Informe-de-visita-a-MX-del-Comite-contra-la-Desaparicion-Forzada-abril-2022.pdf
Nochebuena (2022). Crece la cifra de desaparecidos, pero no la capacidad para encontrarlos: suman 100 mil en medio de incumplimientos e impunidad. Recuperado de https://www.animalpolitico.com/2022/05/mexico-100-mil-desaparecidos-impunidad/
Sánchez, A. (2023). Antonio Tena Suck (comp). Actualidad en Aspectos Éticos de la Psicología en México. Capítulo 5. Resistencia de las madres de desaparecidos: replanteamiento del trauma y un dilema en la ética profesional; entre la neutralidad clínica y la parcialidad social (pp. 121-147). Ed. CENEIP.
