Jalisco ocupa el lugar 18 de los 32 estados del país en en Índice de Paz de México. La profesionalización de las policías y el combate a la corrupción y a la impunidad, que podría lograrse con la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción, pueden contrarrestar la violencia.

Se lee difícil, pero es posible calificar la paz y su calidad. En México, este bien público cayó cuatro por ciento en 2016 en relación con 2015, sobre todo por un aumento de 18 por ciento en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes; la mayoría de estos (61 por ciento) se cometió con arma de fuego.

El asunto preocupa, porque es la primera vez que se deteriora de tal forma la paz desde 2012, cuando comenzó a mejorar, de acuerdo con los datos del Institute for Economics & Peace (IEP) en México.

Los ciudadanos comunes pensarán que desde 2012 las cosas no han mejorado. Ese mismo año, en Jalisco, las autoridades encontraron más de 60 cuerpos en el municipio de La Barca; un año más tarde, en Iguala, Guerrero, desaparecieron 43 estudiantes, y las balaceras y bloqueos han saturado los espacios informativos en otras ocasiones. Sólo que el IEP toma en cuenta que 2011 fue el peor de los últimos años, explica Patricia de Obeso, la coordinadora del instituto en México.

Para la elaboración del Índice de Paz México 2017 (IPM), el organismo tomó en cuenta cinco indicadores: la tasa de homicidio por cada 100 mil habitantes; la cantidad de delitos con violencia; el número de delitos cometidos con arma de fuego; los crímenes de la delincuencia organizada, y la cifra de presos sin condena.

Este trabajo fue presentado en días pasados en la Casa ITESO Clavigero, en conjunto con el área de Posgrados en Estudios Sociopolíticos y Jurídicos de esta casa de estudios.

Los datos anteriores arrojan un mal panorama de lo que de por sí se ha definido como la paz negativa, que es la ausencia de hechos violentos. La paz negativa no es confiable, pues puede lograrse por medios como la militarización de las calles, el miedo o la represión.

El IPM mide la paz negativa y hace proposiciones para alcanzar la paz positiva que, en palabras del propio instituto, es el conjunto de acciones, instituciones y condiciones para que una sociedad sea pacífica y sus habitantes tengan una base de oportunidades iguales para alcanzar el bienestar, explica el coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y Paz del ITESO, Jesús Ibarra.

El instituto analiza el buen funcionamiento del gobierno, a partir de la prestación de servicios de calidad y la participación de los ciudadanos en las decisiones fundamentales; la creación de las bases para un entorno empresarial sólido; la disminución de la corrupción; la elevación del capital humano, a través del acceso de los jóvenes al bachillerato y la universidad; la distribución equitativa de los recursos, como los ingresos económicos, la educación, nutrición y salud; las buenas relaciones con los vecinos extranjeros e internos; el flujo libre de información, con medios libres e independientes, y la aceptación de los derechos de los demás.

En algunos casos se trata de datos difíciles de empatar, porque existen discrepancias muy grandes entre ellos, reconoce Ibarra. Como ejemplo, cita el número de homicidios registrados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se alimenta de la información de las procuradurías o las fiscalías de los estados, que estarían contabilizando mal u ocultando información. Un caso es el de los 23 cuerpos que fueron abandonados en los Arcos del Milenio, en Guadalajara, en noviembre de 2011: la entonces Procuraduría los contó como uno sólo, pues el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación.

Así, en todo el país estas cifras no coinciden con las que posee el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), a través de los certificados de defunción. “¿El INEGI cuenta más? ¿Las procuradurías cuentan menos? El tema es que en las cifras de Veracruz y Nayarit hay diferencias de hasta 60 por ciento entre ambas instituciones”, explica el académico.

Incluso con estas trabas se sabe que los estados de México a los que el índice considera más pacíficos son Yucatán, Nayarit, Tlaxcala, Hidalgo y Coahuila, en ese orden. Los peor calificados son Guerrero, Colima, Sinaloa, Baja California Sur y Baja California, en ese orden.

Jalisco ocupa en la posición 18 de los 32 estados, en una lista en la cual el número uno es el mejor evaluado; es decir, nuestra entidad está en la mitad de las que tienen menos paz. El mayor impacto en la calificación aquí es la tasa de homicidios y la de delitos con arma de fuego en 2016.

Jesús Ibarra afirma que quizá el estado estaría peor calificado si el índice incluyera el número de desapariciones forzadas —en las que interviene un funcionario público, por acción u omisión—, un tema en el que ocupamos el tercer lugar nacional, después de Tamaulipas y el Estado de México.

El documento del IEP revela datos más allá de los que parecen evidentes cuando se habla de paz y violencia.

Está, por ejemplo, el hecho de que la violencia cuesta. En 2016, ese costo fue el equivalente a 18 por ciento de la economía del país (es decir, a 3.07 billones de pesos). Eso significa, en promedio, 25 mil 130 pesos por persona, incluyendo a los recién nacidos. Para Jalisco, el impacto económico fue de 179 mil millones de pesos: 15 por ciento de su Producto Interno Bruto; 22 mil 400 pesos por persona.

El cálculo del costo incluye tanto el gasto que hace el Estado Mexicano para proteger a los ciudadanos y de estos mismos por protegerse. Es decir, lo que gastamos de forma cotidiana a causa del miedo, el sufrimiento que causan los hechos de violencia, así como los costos directos que tiene la falta de paz, por ejemplo, en el caso del salario que deja de percibir una familia cuyo padre o madre ha sido asesinado, o tiene lesiones de por vida a causa de la violencia, explica Patricia de Obeso.

A decir de Jesús Ibarra, el costo de la violencia y sus paliativos debería de ser suficiente para que los ciudadanos participen en las decisiones que toman las autoridades sobre la seguridad pública, lo cual es una de las propuestas del índice.

El gasto que está haciendo el Estado para lograr la paz negativa, “no está sirviendo mucho, porque sigue subiendo la estadística” de homicidios, considera Ibarra. Añade que otros países del mundo, incluso algunos de América Latina, han demostrado que la paz está relacionada con el tejido social y es urgente trabajar en estrategias que pasen por la participación ciudadana.

El académico afirma que dos de las claves para repuntar la paz positiva son la profesionalización de las policías y, junto con eso, el combate a la corrupción y a la impunidad, que podría lograrse con la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción.

El índice también sugiere el fortalecimiento de los gobiernos locales. “No se puede dejar solos a los municipios en el combate contra el crimen organizado; las fuerzas federales deben resolver los problemas del orden federal”.

Pero antes que eso, Ibarra refiere que los países que han revertido situaciones violentas con éxito fortalecieron a sus cuerpos policiacos, les dieron incentivos y garantías laborales.

Según el académico, lo ideal es que haya tres tipos de policías: una de primer contacto, muy cercana al barrio y cuya función sea la reconstrucción del tejido social. Al contrario, muchas policías municipales de México están tomadas por el crimen. “No existen”.

La segunda es una policía investigadora científica, bien capacitada, encargada de que no haya impunidad. Aquí se llama Ministerio Público o fiscalía, y en Jalisco tiene competencias de Seguridad Pública. “No existe. Si existiera, los homicidios no quedarían impunes”.

La tercera, para situaciones excepcionales, tendría que ser la policía armada de choque. Al contrario, “esta es la más utilizada en México, que ha apostado por la militarización y la creación de la fuerza única”.

Según el índice, en México el flujo libre de la información es otro de los indicadores de paz más afectados. Sólo en 2016 fueron asesinados 76 periodistas en el país, lo cual representa una amenaza para la libertad de expresión.

Para mejorar el índice de paz, el Institute for Economics & Peace propone cuatro acciones: disminuir la impunidad; asignar mayores recursos económicos y capacitación a las fuerzas policiales; poner en marcha estrategias que disminuyan el número de homicidios, y prestar atención al papel de los gobiernos locales.

De acuerdo con Patricia de Obeso, “hay mucho que se puede hacer en el nivel local para resolver los problemas de violencia. En este tema, la información y la participación de la gente de a pie tiene mucha importancia”.

El Índice de Paz México 2017 se puede consultar en www.goo.gl/STb8p4.