Dreamers comparten panorama sobre derecho migratorio en EU

Una preocupación de las y los abogados que defienden personas migrantes en Estados Unidos es que circulan rumores de que las personas pueden obtener asilo cuando huyen por contextos de violencia o pobreza. La realidad es que casi todos estos casos son rechazados, además de que demoran años en resolverse.

Marco Castellón y Daniel Barragán son de los pocos abogados dreamers en Estados Unidos que han podido especializarse en derecho migratorio. Este año obtuvieron un permiso para venir a México y participar en el Verano Internacional 2022 del ITESO en el curso Migración, asilo y refugiados, donde compartieron su conocimiento en torno a los “alivios migratorios” en Estados Unidos y “que no hay buenas noticias en la frontera para quienes piden asilo” a ese país.

Ellos dos son dreamers. Salieron de México a meses de haber nacido, hicieron su vida en Estados Unidos y ese país les niega la ciudadanía. “Siempre he sentido que me niegan el derecho a ser estadounidense”, contó Marco en una charla que tuvo con voluntarios de la organización FM4 en Guadalajara.

Ambos jóvenes están protegidos temporalmente contra la deportación por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), bajo la cual es posible tramitar el permiso advance parole para viajar a México y regresar a Estados Unidos por una vía aérea.

El programa DACA comenzó en el gobierno estadounidense de Barack Obama, se renueva cada dos años y beneficia a alrededor de 650 mil jóvenes sin ciudadanía para que no los deporten. Donald Trump intentó eliminarlo, pero en 2020 la Corte Suprema de los Estados Unidos lo impidió.

Marco y Daniel vinieron a Guadalajara con su profesora Marissa Montes, de la Clínica de Justicia para Inmigrantes de la Escuela de Leyes de la Universidad Loyola en Los Ángeles, con quien se han especializado en derecho migratorio en Estados Unidos. Durante su estancia en la capital jalisciense, los tres visitaron organizaciones que trabajan con poblaciones migrantes (en tránsito o deportados, ya asentados en Guadalajara) para asesorarles en derecho migratorio estadounidense.

Una preocupación de Marissa, Marco y Daniel es que hay muchos rumores falsos sobre la posibilidad de conseguir asilo en Estados Unidos cuando las personas huyen de contextos de violencia o pobreza. La realidad es que la mayoría de estos casos son rechazados; el asilo se otorga más por temas de persecución política o religiosa. Por dar un ejemplo: Los Angeles Times publicó que entre enero y noviembre de 2019, 24 mil personas presentaron solicitud de asilo en Estados Unidos bajo el programa Quédate en México, pero sólo 117 lo recibieron, es decir, el 0.4 por ciento lo obtuvo.

“Las noticias no son buenas porque en la frontera no los aceptan, entre la gente hay plática de que si te siguen pandillas te aceptan, pero no los aceptan. Usan todos sus ahorros para eso y llegan y les dicen que no, o deben permanecer en Tijuana, sin conocer a nadie, es bien difícil”, dice Marco.

Esta visita es un logro para estos jóvenes. En la Universidad Loyola es difícil encontrar estudiantes latinos y menos sin documentos migratorios vigentes. El programa DACA les abrió a algunos la posibilidad de titularse y tener permiso para trabajar. En ese contexto, Marco y Daniel también son los primeros estudiantes que viajan con Marissa para participar en el Verano Internacional del ITESO, lo que en realidad ha significado que puedan encontrarse con sus familias (padres o madres deportados, o con aquellos que nunca se fueron) y con la tierra que los vio partir.

La familia de Marco salió de un pueblo de Nayarit cuando él tenía seis meses de nacido. Allá hizo su vida y desde niño es consciente de que “soy indocumentado. Mis papás siempre me dijeron que ellos y yo no somos de aquí (Estados Unidos). He sido indocumentado tantos años como he existido”.

Desde que entró al kínder tuvo la incertidumbre de no poder estudiar pues ha habido intentos de impedir la educación pública a hijas e hijos de personas con situación migratoria irregular. Al llegar a la edad de estudiar una carrera, tenía preocupación porque existía el riesgo de no poder graduarse o de no tener papeles para trabajar. Creyó que la llamada Ley Dreamer se aprobaría, pero nunca pasó, de manera que cuando se graduó de la Universidad de Long Beach de la carrera de Negocios Financieros no pudo ejercer. “Me dio tristeza que mis amigos sí pudieron cumplir sus carreras y a mí no me aceptaban sin papeles”. Su papá lo apoyó pidiéndole que se hiciera cargo de uno de sus restaurantes, pero él quería desarrollarse profesionalmente y pensó en regresarse a México a trabajar en alguna empresa.

“Entonces se empezó a escuchar de DACA para hijos de migrantes que entramos sin papeles antes de agosto de 2011 y no habían cometido crímenes, no te dan papeles, pero sí la oportunidad de pedir permiso de trabajo. Lo saqué y ya pude trabajar en un banco”. 

En ese tiempo, Marco notó que la sociedad estadounidense atacaba cada vez más a los migrantes y sus padres fueron deportados. A su mamá se la llevaron de su propia casa. Tocaron, abrió su tía y se las llevaron. “Ella les pidió que le taparan las manos para que los vecinos no la vieran esposada. Le dieron dos semanas para que resolviera quién cuidaría a sus hijos. A mi papá lo llevaron de su propio restaurante. También les pidió que lo esposaron en la parte trasera”.

Marco se sintió tan indefenso por no saber qué hacer que entró a estudiar derecho en la Universidad Loyola con la finalidad de aprender a defender a otras personas indocumentadas. Ahí conoció a Marissa, quien dirige la Clínica donde pudo defender a personas para que no las deportaran e incluso colaboró con la Clínica en El Paso, Texas, para defender a quienes estaban en proceso de deportación.

Actualmente Marco ya se graduó y tiene su propio despacho para apoyar a migrantes en cuestiones legales que tienen que ver con otras áreas del derecho, como lo relacionado a contratos que personas estadounidenses realizan para aprovecharse de las y los migrantes. “Te explotan amenazando que llamarán a la policía cuando no hay crimen, o te amenazan que te van a demandar cuando ellos deberían ser los demandados. Yo le ayudo a los inmigrantes para que no pisen sus derechos”.

Este año aplicó por primera vez el advance parole que se otorga solo en tres casos: por trabajo, razón humanitaria o educación. Él aplicó en este último. Lo primero que hizo fue ir a Nayarit a visitar a su familia y a conocer el pueblo del que sus padres salieron cuando él tenía seis meses. Algo que reflexiona estando acá es que dice mucho de una sociedad la forma en que tratan a las personas con menos poder. “Estados Unidos no trata bien a los migrantes, pero he leído que México tampoco, incluso es peor. Yo les digo a los mexicanos que traten a los migrantes igual que como quisieran que traten a sus parientes en Estados Unidos”.

Daniel nació en Zapopan y salió de pequeño con su familia a Estados Unidos. Pronto descubrió que eran inmigrantes porque no podían pedir apoyos de becas para estudiar y especialmente para estudiar la universidad fue muy complicado, ya que su papá era trailero y no podía pagar las cuotas.

Aunque sí logró estudiar Negocios, su situación se complicó: deportaron a su papá en 2014 y tuvo que trabajar más para apoyar económicamente a su familia. Antes de tener DACA, él también tuvo complicaciones para titularse y poder trabajar. Posteriormente decidió estudiar Derecho en la Universidad de Loyola porque, igual que Marco –a quien no conocía entonces–, quería defender migrantes.

“Aunque me aceptaron, no podía pagar, y el gobierno no me prestaba dinero porque no es una opción para indocumentados. Una asociación, MABA, fue la que me apoyó con una beca y en una reunión conocí a Marissa”. Aún con beca trabajó en restaurantes y bodegas para solventar los gastos, deuda que sigue pagando a pesar de haber terminado su carrera.

Como parte de las prácticas en la universidad, pudo trabajar para una organización comunitaria que busca eliminar la trata de personas y en lo legal pudo apoyar a muchísimas personas que las llevaron a Estados Unidos para trabajar y en realidad los tenían en condiciones de trata, “es una forma de esclavitud, vi muchos casos de mafias que engañaban a gente en México para llevarla a California, en trabajos de agricultura, y ya estando en Estados Unidos les decían ‘me debes el traslado, la renta, todo, y no te puedes ir’, los tienen amenazados. Esto también ocurre entre personas conocidas”.

En esos casos de trata de personas, Daniel logró tramitar visas T, que son para víctimas de ese delito. Después de esa experiencia participó con Marissa en la Clínica de Justicia para Inmigrantes de la Universidad de Loyola y pudo resolver un caso de asilo para una mujer de Uganda, África. Su solicitud de asilo era modelo porque “su papá era un general que era perseguido en su país, y son estos casos de persecución política en los que otorgan asilo”.

Daniel ha logrado tener experiencia de llevar casos de asilo y fue precisamente lo que compartió en asociaciones como FM4 o con alumnos del ITESO. Pero lo más emotivo de este viaje fue volver a ver a su padre, quien fue por él al aeropuerto de Guadalajara y se vieron durante toda su estancia en México. El advance parole le permitió volver a ver a su padre, quien fue separado de sus hijos cuando lo deportaron.

FOTOS: Marissa Montes