A pesar de la participación de comunidades indígenas y expertos de distintas universidades, el Congreso de Jalisco sigue sin dar luz verde a una histórica reforma.
POR ENRIQUE GONZÁLEZ

El 25 de agosto de este año, las cosas parecían caminar para la largamente esperada reforma a la Ley Indígena de Jalisco.

Wixarika

Ese día, diputados del PAN, el Partido Verde, el PRD, de Movimiento Ciudadano y el independiente Pedro Kumamoto acababan de participar en el foro “Derechos con los indígenas” y todo apuntaba a que la mencionada reforma, armada por las propias comunidades indígenas con la asesoría de expertos de distintas universidades, sería aprobada por el Congreso de Jalisco en noviembre.

Nada ha pasado hasta el momento.

“Aún no sabemos si hay un dictamen, si hay observaciones o modificaciones. Le exigimos a la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado, a la Comisión de Puntos Constitucionales y a los coordinadores de cada bancada que nos informen la situación de la Ley Estatal Indígena y que se agilice su votación”, señala un comunicado que emitió el grupo detrás de la redacción de la reforma.

“Una de las cosas más importantes de esta reforma es que va a cambiar la personalidad jurídica de las comunidades; actualmente son: ‘entidades de interés público’ y “Los nahuas, mazahuas, wixaritari, triquis, mixtecos, purépechas y otomíes que consultamos quieren ser ‘sujetos de derecho’. Yo me pregunto: ¿qué diputado, qué bancada se atrevería a darle la espalda a esta oportunidad?”, refiere Francisco Talavera, quien ha participado directamente en la redacción de la nueva ley y en el ITESO coordinó el Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) “Estudiantes indígenas urbanos”.

Oportunidad histórica para hacer justicia

Las modificaciones que se proponen a la oficialmente llamada Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades Indígena, implica que el Estado brinde un pleno reconocimiento a la organización indígena.

“Buscamos que los programas sociales que vayan dirigidos a las poblaciones indígenas sean consultados con ellas y que se acaten los resultados de dichas consultas”, dice Talavera.

El comunicado que suscriben investigadores de la UdeG, el ITESO y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), lamenta que, después de 12 años los legisladores de Jalisco sigan postergando la aprobación de la Ley Estatal Indígena.

“Ello ha propiciado un desgaste y una acumulación de promesas. Las comunidades y los pueblos indígenas no pueden esperar más; es urgente que se apruebe la Ley Estatal Indígena, ya que representa una herramienta fundamental para la defensa del territorio, para poder enfrentar el despojo y la violación de los derechos humanos”.

Actualmente, dependiendo de la instancia gubernamental consultada, se calcula que en Jalisco hay entre 60 y 90 mil indígenas. Foto Archivo

Fotos Roberto Ornelas/Archivo

PIE DE FOTO 1: Durante décadas, el ITESO ha colaborado en numerosos proyectos con las comunidades indígenas; uno de ellos es la reforma a la Ley Indígena estatal