La investigadora María Eugenia Suárez y la profesora Ana Sofía Torres dialogaron sobre la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce el cuidado como un derecho humano autónomo
Las leyes nacieron para repartir bienes, fijar fronteras y organizar el poder poder “pero en el centro no estaba pensada la vida”, explicó Ana Sofía Torres, profesora del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (DESOJ) del ITESO, durante la conferencia “Del cuidado vivido al derecho habitado: El reto de la OC 31/2025”. Tuvieron que pasar siglos para que las personas y las labores que sostienen su bienestar fueran reconocidas como parte esencial del derecho.
El 12 de junio de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la Opinión Consultiva OC31/25 que sostiene que el cuidado es un derecho humano autónomo e interdependiente con tres facultades: ser cuidado, cuidar y el autocuidado. Con ello, ordenó a los Estados diseñar sistemas integrales, con políticas contra los estereotipos de género y medidas de protección reforzada para la niñez, adultos mayores, personas con discapacidad, quienes viven enfermedades crónicas y para quienes cuidan.
Para María Eugenia Suárez de Garay, investigadora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), de la Universidad de Guadalajara (UDG), la resolución es más que necesaria ante un contexto confuso y violento, donde “parece que la vulnerabilidad es sobre todo un defecto y la interdependencia un peso”. Sin embargo, advirtió que “las leyes no cambian la realidad por decreto”. Los cambios deben hacerse desde el conocimiento de la diversidad de los territorios y biografías sin despachar soluciones desde un escritorio. “No es un asunto meramente de infraestructura, es un cambio de mentalidad”, añadió.
“Imagínense en este modelo económico de hiperproductividad, ¿a qué empresa, a qué gobierno le interesa que la gente se detenga a cuidar la vida?”, complementó Torres. De ahí la importancia de que el Estado se haga responsable y que el cuidado deje de ser un asunto privado y femenino para convertirse en tarea compartida. Según la profesora la clave es corresponsabilidad entre individuos, familia, comunidad y Estado. No basta el autocuidado si las condiciones sociales y laborales bloquean la posibilidad de cuidar y de ser cuidado con dignidad.
Por su parte, Suárez compartió hallazgos de una investigación cualitativa reciente para explicar la complejidad de este derecho. Para las infancias, el cuidado no es solo techo, comida o útiles: es vínculo y validación. Mientras que, para los adultos mayores, implica no solo disponer de los recursos que les devuelven su autonomía, sino también la compañía.
Según la resolución de la Corte IDH, en América Latina, entre 69 y el 86 por ciento del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado recae en las mujeres. Esto limita su autonomía económica y su tiempo para educación, participación política y autocuidado. “Estas mujeres están subsidiando al Estado y al sistema de salud”, advirtió Suárez. Por lo que insistió que es “un trabajo esencial que merece remuneración y, sobre todo, una seguridad social propia”. Las ponentes invitaron a los asistentes a reconocer que aspectos de su día implican un cuidado y quienes son las personas que los sostienen.
FOTO: Zyan André
