La represión de agrupaciones o movimientos, como la ocurrida recientemente en Ayotzinapa, no es un hecho aislado. Por más que vivamos en un régimen que se asume como democrático y defensor de los derechos humanos, se puede observar en lo cotidiano que lejos de atender de fondo los graves problemas que generan y propician las protestas sociales, estas suelen ser criminalizadas o contenidas.
Por Carlos Peralta, académico del Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz del Centro de Investigación y Formación Social del ITESO
En lugar de gestionar o negociar la solución de conflictos sociales, algunos gobiernos prefieren usar la vía de la represión, que si bien genera temor entre los actores y desarticula sus acciones, no atiende el origen de la inconformidad; por el contrario, genera más indignación, insatisfacción y resentimiento, con lo cual se agravan los problemas.
Tengamos presente que si la puntual actuación de los gobiernos en la contención represiva de los movimientos es lacerante, existen mecanismos que deberían identificarse como violencia estructural que contribuyen a sostener una baja calidad de vida, posibilitan diversas violaciones y obviamente, desde la perspectiva social, son vistas como agresiones al pueblo.
Podemos mencionar en esta línea la estrategia de explotación laboral que da lugar a la muy marcada desigualdad en recursos. Existe una dinámica feroz de acumulación de capital, que si bien es evidente en algunas empresas transnacionales, también se observa en empresas nacionales. La magnitud del incremento de la concentración de la riqueza, la monopolización de oportunidades y la inequidad en la representación política suponen una tendencia grave y preocupante, según la Fundación Oxfam, que además menciona en su informe “Gobernar para las élites”, que aproximadamente la mitad de la riqueza mundial está en manos del 1% de la población y que la mitad más pobre del planeta posee la misma riqueza que las 85 personas más ricas del mundo.
Para el caso mexicano en particular, según estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), esta desigualdad se genera por los bajos salarios de los trabajadores. A lo largo de un año cada mexicano en edad laboral trabaja un promedio de 2 mil 226 horas, mientras que en otros países de la OCDE —que engloba a 36 países industrializados—el promedio fue de mil 765 horas. A ello se suma que en su estudio, el promedio de ingreso de las familias en México es de 12 mil 850 dólares por año —unos 167 mil 000 pesos mexicanos— frente a los 23 mil 938 dólares —poco más de 311 mil 000 pesos— que las familias de los otros países analizados obtienen.
No todas las familias pueden realmente obtener los 13 mil 916.66 pesos mensuales que sugiere el estudio, ya que el salario mínimo de los mexicanos en 2014 es de 67.29 pesos diarios (Región “A”), lo cual se traduce en 2 mil 018.70 pesos por 30 días de trabajo, por persona. En otras palabras, los trabajadores en México trabajan más horas pero reciben menos ingresos, lo cual debería considerarse una fórmula de violencia estructural, porque no genera condiciones dignas de vida.
A esto debe agregársele que las empresas explotadoras de la mano de obra han encontrado en las leyes mexicanas y en diferentes gobiernos cobijo a sus políticas laborales y apoyo para el control de los inconformes. No en balde, en la literatura sobre la represión, se ha vinculado la desigualdad del ingreso a los altos niveles de represión. Mauricio Rivera (2010:74) afirma: “La población que padece mayor escasez socioeconómica experimenta mayor insatisfacción, lo que conduce al conflicto y a la inestabilidad sociales… En el último eslabón del argumento, conflicto e inestabilidad conducen al uso de la represión gubernamental”.
En el caso de Ayotzinapa observamos una normal rural donde estudian hijos de campesinos empobrecidos que sufren de violencia estructural y a la vez son críticos ante la realidad social que padecen. Estos jóvenes no se han conformado con un destino asignado, están buscando crear caminos diferentes para lograr una mejor calidad de vida en el marco de prestar sus servicios laborales como maestros. La represión de la cual fueron objeto, en la cual hubo tres muertos, varios heridos (algunos muy graves) y 43 desaparecidos, es una muestra más de las formas de violencia ilegítima ejercidas por los gobiernos, un ejemplo de represión que solo pretendía atemorizar y desmovilizar a los estudiantes pensando que la impunidad cubriría lo ocurrido. En este caso y lejos de desmovilizar, la pronta difusión de lo ocurrido ayudó a incrementar la indignación causada por la violencia y esta indignación está generando movilización y conciencia social sobre las acciones ilegítimas de los gobiernos y el futuro de los jóvenes en un país que no brinda suficientes oportunidades. Los gobiernos deben aprender que usar la violencia estructural o represiva, tarde o temprano genera indignación. La vía para atender los movimientos sociales va emparejada de mejorar su calidad de vida. Foto Archivo
