Profesores y estudiantes elaboraron un documento para la CIDH que aportó elementos para una sentencia relacionada con la masacre en Guatemala, ocurrida en 1982.
Edgar Ayón conocía la historia del conflicto armado interno de Guatemala y la violencia de Estado contra los indígenas, que entre los años sesenta y noventa del siglo XX dejó casi 250 mil muertos y cientos de desplazados. Nada se parecía a lo que leyó hace un año: “Un relato súper fuerte de algunas mujeres -de un pequeño poblado, Chichupac-, quienes contaban cómo los militares iban denigrando a toda la comunidad”. A los hombres les exigían formar parte de un patrullaje. Si se negaban, los torturaban y asesinaban. A ellas, las obligaban a limpiar los restos mortales, que eran de sus esposos, hijos, hermanos. A muchas las violaban.
Edgar estudia el sexto semestre de Derecho en el ITESO. Junto con un equipo de alumnos y profesores participó en la elaboración de un documento que le sirvió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para emitir una sentencia sobre el caso de Chichupac. De su carrera también colaboraron Denisse Llanos y Lourdes Petersen, y Óscar Juárez, de Ciencias Políticas y Gestión Pública, todos coordinados por la profesora Ana Sofía Torres, el profesor Aldo Partida y Dosia Calderón, profesora de Derechos fundamentales, Derecho constitucional y Derecho internacional.
Entre todos redactaron un Amicus curiae, un documento mediante el cual instituciones ajenas a una controversia colaboran con un tribunal, aportando elementos técnicos para que los considere cuando resuelva. La profesora del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, Ana Sofía Torres considera que el Amicus fortalece una perspectiva más democrática en la impartición y el acceso a la justicia.
Al grupo del ITESO se le pidió ayudarle a la Corte Interamericana a tener puntos de vista nuevos para resarcir el daño —repararlo—, porque eso no estaba ocurriendo. En Guatemala, desde la firma de los Acuerdos de Paz, en los años 90, existe el Programa Nacional de Resarcimiento, pero tiene fallas terribles, en opinión de Dosia Calderón. Aunque en la teoría otorga una indemnización a las víctimas, en la práctica este beneficio sólo incluye a las viudas o madres de un muerto. En cambio, excluye —y por lo tanto discrimina— a otras mujeres que sufrieron daños directos, como la violación sexual.
“Nos pusimos a estudiar”, recuerdan Dosia y Edgar. Eso implicó una revisión minuciosa de todas las sentencias que había emitido la Corte sobre asuntos indígenas, alrededor de 30 sobre casos de Guatemala, Colombia, Paraguay, México, El Salvador. La misión era hallar qué había dicho antes la Corte y qué le faltaba.
Fue didáctico, estimulante, doloroso y vertiginoso. El grupo del ITESO recibió el caso durante la última semana de abril, y lo entregó el 13 de mayo de 2016. El trabajo del grupo fue voluntario: ni a cambio de calificación ni de un PAP ni de algo que tuviera beneficios inmediatos.
El caso había llegado a la Comisión en 2007 y en 2014 esta lo remitió a la Corte.
El Amicus curiae que resultó incluye cuatro grandes ejes de recomendaciones. En síntesis: 1) que el resarcimiento del daño debe respetar y promover el proyecto de vida; es decir, las condiciones mínimas para una vida digna; 2) que la reparación debe tener una vocación transformadora, con perspectiva de género: buscar el cambio de las condiciones estructurales que permitieron la violación de los derechos humanos, e incluir un tratamiento diferenciado para las mujeres que fueron víctimas; 3) que las víctimas deben participar en el diseño de su proyecto de vida, de acuerdo con su cosmovisión, y 4) que el Estado debe distinguir, para no confundirlos, entre la reparación del daño y otras políticas públicas y programas sociales que ya existen (construcción de escuelas, campa- ñas de salud, infraestructura).
En su sentencia inapelable sobre Chichupac, que emitió en septiembre de 2016, la Corte Interamericana reconoció y aceptó todos los elementos aportados por el grupo de trabajo del ITESO y tomó algunos en cuenta en su redacción. Reconoció, con nombre y apellido, a cada víctima y las vejaciones que sufrió en su persona. Guatemala está obligada a acatar la resolución del tribunal interamericano.
Dosia Calderón y Edgar Ayón coinciden en que lo más importante de la experiencia fue lo que ocurrió con las víctimas que sobreviven a la masacre de Chichupac: volvieron a creer en la justicia.
