CULTURA

Gobierno vs radios sociales

Autoridades federales criminalizan a distintas radios indígenas y comunitarias que representan un importante contrapeso a consorcios comerciales.
Por Bernardo Masini, profesor del Departamento de Estudios Socioculturales, @BernardoMasini

Una de las bondades de la polémica Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en 2014 fue que, luego de décadas de lucha, las estaciones de radio indígenas y comunitarias lograron su reconocimiento jurídico.

Radios

Pensando en ellas se creó la figura de las “concesiones de uso social”, aunque también se dispusieron restricciones para su financiamiento que diluyeron el entusiasmo de los interesados. Este tipo de estaciones atienden necesidades elementales en sus respectivos poblados: las radios indígenas son una herramienta con un enorme potencial para la preservación de las lenguas autóctonas y la difusión de las tradiciones de las etnias que configuran la identidad nacional.

A su vez, las radios comunitarias atienden situaciones urgentes en materia de salud, educación y convivencia en pequeñas poblaciones, cuyas realidades difícilmente son cubiertas por los medios comerciales.

Antes como ahora, han sido las autoridades las que han puesto los obstáculos. La derogada Ley Federal de Radio y Televisión estaba redactada en términos que protegían a los medios comerciales al grado de ni siquiera reconocer la existencia de los comunitarios e indígenas.

Entonces, las autoridades competentes eran la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación (la famosa RTC) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hoy en día contamos con un organismo autónomo que, creíamos al principio, funcionaría de manera más imparcial: el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Sin embargo, el IFT lanzó el 23 de marzo la vergonzosa campaña “Se busca por robo”, la cual sugiere que estas estaciones son delincuentes si no se ajustaron ya a las nuevas condiciones normativas del espectro radioeléctrico nacional.

Es cierto que su funcionamiento debe obedecer a los lineamientos que establece la ley y que no todas han logrado armonizarse; pero es más cierto aún que las lagunas del proceso obedecen a omisiones de las autoridades, así como a dificultades técnicas y financieras.

Nada de eso señala la campaña del IFT, que en pocas y simples frases criminaliza a las concesiones de uso social y sugiere de paso que deben desaparecer las que estén fuera de la ley.

El discurso es preocupante: a menor existencia de medios de este tipo, mayor incidencia de los medios comerciales.

Por la vía de los hechos, el IFT se puso a trabajar en beneficio de los grandes consorcios radiofónicos (Grupo ACIR de la familia Ibarra, Radio Centro de los Aguirre, Grupo Imagen de Olegario Vázquez Raña o Grupo MAC de los Maccise, mexiquenses muy cercanos a Enrique Peña Nieto), para las 13 familias que acaparan más del 80% de las estaciones privadas en el país.

Según su Estatuto Orgánico, la tarea del IFT es fomentar la prestación de un servicio público – la radiodifusión – y evitar prácticas de concentración. En este episodio eligió contravenir su razón de ser y en lugar de eso proteger intereses particulares. Foto Archivo

 

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