Las explosiones del 22 de abril siguen siendo herida abierta

El miércoles 22 de abril de 1992, durante una semana de Pascua, sucedió una tragedia que cambió para siempre a nuestra ciudad. Varios kilómetros del colector profundo explotaron, dejando a su paso centenares de heridos y muertos, además de cuantiosas pérdidas materiales. Muy pronto se señaló la responsabilidad de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), debido a que los vecinos del Sector Reforma, el directamente afectado por los hechos (particularmente colonias o barrios como Analco, Quinta Velarde y Atlas), habían reportado fuertes olores a gasolina desde varios días antes. Desafortunadamente, las autoridades locales no tuvieron la capacidad o el conocimiento suficiente para lidiar con esta situación, por lo que más allá de “lavar” las tuberías con torrentes de agua y observar oscilaciones grandes en los explosímetros (sin saber interpretarlas), no supieron qué más hacer.

Al respecto, el debate siempre ha estado en la posibilidad que tenían las autoridades de evacuar a la gente; algo que, al final, no hicieron. Su racionalidad, explicada a posteriori por ellos mismos, era que no se tenía la suficiente información para tomar una decisión de esa naturaleza. Sin embargo, la situación demandaba que se pensará, antes que nada, en un principio básico del Estado: la protección y seguridad de las personas. Éste no puede ser substituido por ningún otro enfoque, mucho menos por uno de corte organizativo, burocrático o tecnocrático. Así, la inoperancia de ese principio básico derivó en el dolor y sufrimiento de muchas personas; algunas de ellas, hasta el día de hoy, siguen sin recibir respuestas o los apoyos suficientes para recobrar las certidumbres y un proyecto de vida.

Lo anterior quiere decir que el Estado Mexicano, después de casi 28 años, no sólo ha incumplido esa misión fundamental señalada, sino que también la ha negado sistemáticamente a partir de las acciones (o pasividades) de un cúmulo de programas, funcionarios y gobernantes que, en muchas ocasiones, sólo han utilizado el 22 de abril para legitimarse o capitalizar la tragedia desde el ámbito político. Para evidenciar esto, es necesario explicitar algunos acontecimientos importantes. Por principio, el presidente en turno, Carlos Salinas de Gortari, dio a la Procuraduría General de la República 72 horas para investigar y fincar responsabilidades. Eso hizo y a partir de ello encarceló a menos de una docena de personas, con diferentes supuestas implicaciones, pero que al final lograron salir después de algunos meses. Además, se instrumentó un patronato de reconstrucción, operado por el gobierno de Jalisco, pero con recursos de diversas fuentes, que tendría el objetivo, en teoría, de indemnizar a todas las personas que sufrieran daño en sus bienes, en sus economías corporales o a partir del fallecimiento de un ser querido. Sin embargo, para lo que realmente querían servir ambas estrategias, era para “cerrar” el caso lo más pronto posible y para acallar la indignación popular.

En este escenario hubo un sector de damnificados que se observaron particularmente abandonados por el Estado y que tendrían la misión de recordarle, hasta el día de hoy, su perpetua responsabilidad bajo el principio de dotar de protección y seguridad a las personas. Me refiero, en concreto, a los lesionados físicos del 22 de abril. Ellos, los que perdieron una mano, un brazo, una pierna (y todo lo que eso ha implicado en términos de cotidianidad, certidumbres y seguridad), fueron los que tuvieron que organizarse para convertirse, desde 1993, en una asociación civil: 22 de abril en Guadalajara AC. Estas personas (hoy no más de 60 y sus familias) comprendieron muy pronto la intención real del patronato; no podía entenderse de otra manera cuando les dieron pagos irrisorios (no más de 60,000 nuevos pesos en aquel entonces) por sus extremidades perdidas y, lo peor de todo, previo la firma de un documento que, dolosamente llamado “contrato finiquito”, estipulaba su renuncia a cualquier tipo de reclamación futura. Para mí, esta fue el acta de nacimiento de la asociación; una hoja que pretendía eximir al Estado de cualquier responsabilidad, incluso de aquella, ya mencionada, que es irrenunciable.

Desde ese momento, y hasta el día de hoy, estas personas, los lesionados del 22 de abril, les siguen recordando al Estado, en especial al gobierno de Jalisco, ese fin último de las instituciones.

Han luchado casi 27 años, desde la fundación de la Asociación, para conseguir un servicio de salud integral y adecuado a sus discapacidades (sumando además aquellas enfermedades relacionadas con el aumento de la edad, pues la mayoría rondan la tercera edad) y una pensión mensual vía un fideicomiso que, gracias a sus esfuerzos, se encuentra en operación, pero que no tiene los recursos suficientes para asegurar su permanencia hasta que el último de ellos haya fallecido. Así, los lesionados han tenido que enfrentarse, en cada administración, al refrendo de acuerdos, pero también a la insensibilidad, al hostigamiento y al desdén de diversos funcionarios que, a pesar del cambio de colores, siguen sin entender la misión que tienen al formar parte de las instituciones del Estado: proveer de protección y seguridad a las personas. Para mí, mientras ellos sigan luchando y enfrentándose a la negación sistemática de la responsabilidad, el 22 de abril no es una pieza de nuestra memoria colectiva (y menos cuando sólo la recordamos cada 22 de abril), sino una herida abierta y sangrante que reclama visibilización social y nuestra solidaridad.