Protegen la vida silvestre en los ecosistemas de Jalisco

El PAP Clínica de Derecho y Gestión Ambiental del ITESO es un semillero de abogados ambientalistas preocupados por promover la justicia desde el sector público y las organizaciones de la sociedad civil, para resguardar playas y bosques en la región occidente del país.

Por Dulce Figueroa Santana

En el Bosque la Primavera está el ejido Emiliano Zapata, uno de los más grandes de este territorio natural. Mientras los ejidatarios en esta zona desean utilizar sus tierras para emprender proyectos ecoturísticos y así obtener un beneficio económico para ellos y sus familias, esto los coloca en un riesgo legal que los contrapone al Decreto de Áreas Naturales Protegidas del estado.
En esta y otras problemáticas intervienen los alumnos y asesores del PAP Clínica de Derecho y Gestión Ambiental del ITESO, un observatorio que encabeza las estrategias jurídicas y técnicas para resolver los conflictos sociales que tienen que ver con los usos de suelo, el acceso libre a las playas, las denuncias o sanciones por daño ambiental y la contaminación por manejo indebido de residuos en diferentes municipios de Jalisco.
“Te lo dicen así los ejidatarios: ¿de qué me sirve tener una parcela si no puedo hacer proyectos agropecuarios para obtener un ingreso que le pueda pagar la universidad a mi hijo? Están desesperados porque han sido muchos años de gestión pública con relación al área natural protegida y pocas ventajas o soluciones a sus problemas. Están decididos a empezar a lotificar y vender su tierra” cuenta Francisco Silva Castañeda, coordinador de este Proyecto de Aplicación Profesional.
El PAP comprende tres escenarios: Dependencias Públicas, Organizaciones de la Sociedad Civil e Investigación. Estas líneas de trabajo se complementan entre sí para que, en casos como el del ejido del Bosque La Primavera, se tracen posibles estrategias legales para llegar a un proceso formal que tome en cuenta las necesidades de los propietarios y a su vez, la conservación de la zona.
En el primer escenario, los alumnos viven la experiencia de ser un servidor público y trabajan desde la administración pública. En el segundo, se relacionan con organizaciones de la sociedad civil de perfiles medioambientales para suscribir la documentación necesaria y proceder a reclamaciones, denuncias o demandas formales a quienes incumplen la ley y causan daño ambiental. El tercero provee todos los insumos necesarios, desde numerologías, análisis de notas periodísticas hasta pronunciamientos de las autoridades que puedan solidificar sus estrategias.
En las tres líneas, los alumnos aprenden a identifican a las autoridades competentes que tienen la obligación de regular la operación en los usos de suelo, como los rellenos sanitarios o aquellos terrenos cercanos a ecosistemas costeros. Realizan entrevistas a los afectados en la problemática identificada, se programan visitas de campo y los alumnos se conocen los distintos mecanismos con los que se puede acceder a la justicia ambiental.
Como en el bosque, este equipo interdisciplinario de abogados e ingenieros ambientales también interviene sobre el libre acceso a las playas en la costa de Nayarit. Aunque la ley dicta que deben ser de goce público, el valor inmobiliario de las tierras frente a ellas adquiere una mayor plusvalía, lo que provoca que se conviertan en terrenos con “playas privadas”.
“Empezamos a plantear que sí haya accesos, pero también la infraestructura para que la presencia de la gente en las playas no cause un menoscabo al recurso natural. La gestión que nosotros hacemos va encaminada a que haya libre acceso para disfrutar las playas, pero con la infraestructura mínima indispensable para no impactar negativamente el ecosistema costero: accesos, andadores, iluminación, botes de basura y baños”. Complementa Silva.

Egresado de Derecho por el ITESO y de esta asignatura, Rafael Tello Gálvez cuenta que, al estar cerca de terminar su carrera, él no sabía cómo ejercerlo. Pero, antes de graduarse, entró a la Clínica de Derecho y Gestión Ambiental, en donde conoció todas las intervenciones que se pueden hacer para proteger al medio ambiente desde la ley. En la actualidad se desempeña en la administración pública como el Director General Jurídico de la Procuraduría General del Estado de Jalisco. “Me enamoré con la materia, y ya llevo diez años dedicándome a esto, y específicamente en la administración pública” enfatiza.
Este Proyecto de Aplicación Profesional, menciona Silva, ubica a los alumnos en un escenario real de la situación medioambiental en México,“Es un semillero para el profesional ambiental, la mayoría de las abogadas y abogados del ITESO que terminan enrolándose en actividades medioambientales traían esa idea antes de tomar el PAP. Algunos no saben si ejercer en lo penal o lo civil, y pasar por este PAP es una buena oportunidad de desarrollo y crecimiento profesional”.