La Alianza por la Movilidad Humana en Jalisco, de la que forma parte el Programa de Asuntos Migratorios del ITESO, presentó ante medios la agenda pendiente en estos temas, misma que se hará llegar a las administraciones estatales y municipales que están por iniciar en octubre próximo 

Una revisión y posible reforma a la Ley de Protección y Atención a los Migrantes en el Estado de Jalisco, la inclusión de la visión de movilidad humana en los planes estatales y municipales de desarrollo, así como en los marcos normativos de ambos niveles de gobierno, la restitución de la Comisión sobre Asuntos Migratorios del Congreso del Estado y la creación de una instancia gubernamental “vocacionada”, son las propuestas que pondrá sobre la mesa ante administraciones estatales y municipales entrantes la Alianza por la Movilidad Humana en Jalisco. 

Esta alianza es un espacio donde convergen varias organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, donde se articula, dialoga, organiza y reflexiona en torno al tema migratorio.  

Ante medios de comunicación, esta coalición, de la que forma parte el Programa de Asuntos Migratorios (Prami) del ITESO, así como las asociaciones Caminantas, Centro de Investigación y Proyectos para la Igualdad de Género (CIPIG), FM4 Paso Libre, Centro Rizoma del Migrante, Centro Scalabriniano de Pastoral Migratoria, El Refugio Casa del Migrante y GDL Sur, presentó “La agenda pendiente de movilidad humana para el Estado de Jalisco”, la cual pretende impulsar una agenda de trabajo con las entidades gubernamentales. 

La Casa ITESO Clavigero recibió a estos colectivos que presentaron un concepto amplio de movilidad humana en el cual incluyeron la migración interna (interestatal e intermunicipal); de tránsito; con solicitud de protección internacional; de niñas, niños y adolescentes; mujeres; y personas con discapacidad, apostando por un enfoque transversal en derechos humanos, perspectiva de género y generacional, interseccionalidad y multiculturalidad, destacando además cuatro derechos fundamentales: identidad, salud, educación y trabajo. 

“Es un punto de partida para el desarrollo de una política de estado incluyente, integral y transversal, que integre todas las propuestas y atienda las diferentes realidades y necesidades, de todas las poblaciones en situaciones de movilidad humana, incluyendo las comunidades de jaliscienses en el exterior y las comunidades migrantes en Jalisco, independientemente de su estatus migratorio y de su nacionalidad”, expresó Karina Arias, investigadora del Prami. 

A partir de este pronunciamiento, la idea es participar en las mesas de transición y una vez que concluyan esos foros, dialogar con las personas que trabajarán el tema en los nuevos gobiernos, para definir un seguimiento a estas propuestas, así como también impulsarlo desde la legislatura. 

Claudia Pineda, de origen nicaragüense y representante del El Refugio, Casa del Migrante consideró que es importante pensar sobre el derecho al trabajo digno desde un modelo estratégico e implementar acciones como programas de acreditación de competencias y capacitaciones para personas en movilidad humana desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; sensibilizaciones para funcionarios, empresas y personas empleadoras; simplificación de trámites y requisitos de contratación; y tener programas focalizados de fomento al empleo. 

“Algunos migrantes tenemos el sueño mexicano, vemos oportunidades en esta tierra, pero ¿qué estamos haciendo como humanos y mexicanos para facilitar esta integración?”, dijo, quien aseguró que también hay tareas pendientes en temas educativos. 

“Se ha avanzado en la integración, en especial con las infancias, pero aún hay barreras institucionales y burocráticas, prácticas discriminatorias que obstaculizan el acceso a este derecho, sobre todo porque no hay un consenso en los centros educativos sobre cómo integrar a estas personas, todo queda en manos del funcionario en turno”, declaró. 

Las acciones por considerar en temas educativos incluyen la redacción de protocolos de incorporación a los sistemas educativos para personas en movilidad humana, –con rutas de revalidación de estudios–, campañas de información sobre tramites y proceso de inscripción, así como la acreditación a través del INEA de programas de secundaria y primaria para estas personas. 

El derecho a la identidad es el derecho clave, mencionó Tran Dang del Centro Rizoma del Migrante, pues este permite proteger a los más vulnerables en especial en temas educativos y de salud: “los migrantes más vulnerables en este estado no encuentran ningún tipo de documentación que acredite su identidad y están forzados a vivir a la sombra de la sociedad”. Ante esto, se propone que sea posible emitir un documento de identidad válido para que personas en movilidad humana que transitan en Jalisco y que enfrentan numerosos desafíos. 

Actualmente, Jalisco cuenta con una Dirección de Atención a Personas Migrantes –ubicada en Calle Jesús García no. 72 en la Colonia El Santuario– la cual atiende diversos trámites, pero esta depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, por lo que se pretende que al menos suba al nivel de subsecretaría. 

“Jalisco es un estado de tradición migrante, hay que tener una acción más activa por parte de esta instancia, y que cuente con presupuesto propio para garantizar sus programas, que haya una coordinación e incidencia mayor en cuanto a las políticas públicas que se tienen en relación con las personas en movilidad humana”, opinó Fernando González del colectivo FM4 Paso Libre. 

Según datos de 2020, el INEGI contabilizó que en Jalisco hay más de 91 mil personas extranjeras, de las cuales, en su mayoría, son personas nacidas en Estados Unidos de familias mexicanas, de estas, 25 mil 500 proceden de otras nacionalidades, la mayoría del continente americano, siendo los países que más aportan Venezuela, Colombia, Canadá, El Salvador, Argentina y Cuba. No obstante, una cifra difícil de tener es la de personas migrantes en tránsito, debido a su condición, ya que, por cuestiones de seguridad, prefieren mantener el anonimato durante su paso por la entidad. 

“Nos parece importante mencionar desde este espacio que ninguna persona es ilegal, no solamente desde un tema ideológico, sino que, en México, no es un crimen migrar sin documentos, es una falta administrativa, y por ende, el término correcto para hablar de una persona en este caso, es una persona que está en situación irregular”, declaró, Laura Cortés del colectivo Caminantas.

FOTOS: Zyan André