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Las personas deben recibir educación en derechos humanos

Las personas deben recibir educación en derechos humanos

En el marco de los diez años de la reforma constitucional que incorporó los derechos humanos a la Carta Magna mexicana, el canal de televisión del Poder Judicial transmitió un programa sobre las obligaciones y los deberes estatales en materia de derechos humanos. Los participantes, entre quienes se encontró Luis Arriaga, SJ, coincidieron en afirmar que la ciudadanía debe conocer sus derechos para exigirlos

Hace diez años, en 2011, una reforma a la Constitución se propuso crear una nueva cultura de los derechos humanos en México. La garantía y salvaguarda de estos derechos adquirió rango constitucional y desde entonces a la fecha el país ha firmado a una gran cantidad de tratados internacionales en la materia. Sin embargo, dos lustros después, sigue habiendo una gran brecha entre lo que dicen los documentos y la realidad que viven los ciudadanos todos los días. Esta fue una de las conclusiones del diálogo “Obligaciones y deberes estatales en derechos humanos”, organizado por el Poder Judicial de la Federación y transmitido en el programa Tus derechos, del canal Justicia TV. 

En el programa se contó con la participación de Palmira Silva, de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México; Ana María Zorrilla, del ITAM; José Pablo Abreu, del Tec de Monterrey, campus Santa Fe; y Luis Arriaga Valenzuela, SJ, rector del ITESO y presidente de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (Ausjal), quien comenzó recordando que entre las características de los derechos humanos están que son “universales, interdependientes y progresivos”, por lo que es responsabilidad de los estados “respetar y promover medidas de cumplimiento de los derechos humanos, así como garantizar las condiciones para el goce de estos derechos”. 

El rector del ITESO señaló que si bien la reforma constitucional de 2011 implicó “un cambio de estructura del Estado, la realidad es que los derechos no son reconocidos. Hay una gran brecha y una crisis que no se resuelve con la reforma”. 

Palmira Silva señaló que sigue siendo muy importante generar una maquinaria institucional y un marco jurídico para trabajar desde la prevención, mientras que desde la perspectiva de José Pablo Abreu es un deber de las autoridades “tomar medidas para garantizar el disfrute de los derechos. Hay que materializarlos”. 

En una segunda ronda de intervenciones, Ana María Zorrilla señaló que es fundamental una educación centrada en los derechos humanos para que “cualquier persona, de cualquier edad y en cualquier lugar, conozca sus derechos, identifique cuando éstos sean violados y puedan exigir su cumplimiento”. En su momento, José Abreu se pronunció en la misma línea, al señalar que la educación en derechos humanos debe contemplar 1, que la gente conozca sus derechos; 2, que las personas sepan cómo exigir su cumplimiento, y 3, que todos los ejerzan responsablemente y respetando los derechos de otros. 

Luis Arriaga, SJ, señaló que una educación en derechos humanos debe ocurrir como parte de un “proceso integrador, un proceso que implica atender a la persona en todas sus dimensiones, y que estimule valores y la formación de un pensamiento crítico y antidogmático”. 

Posteriormente, el rector del ITESO también hizo hincapié en el reto que representa cerrar la brecha existente entre los documentos y la realidad de las personas. “No podemos soslayar el hecho de que millones de personas no han experimentado ningún cambio con la aplicación de la reforma”. 

Para finalizar, todos los participantes coincidieron en la importancia de educar a las personas en materia de derechos humanos, que todos los actores del proceso educativo se involucren y la importancia de la colaboración institucional. 

FOTO: Comunicación Institucional

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