La falta de mecanismos para verificar sus identidades y para proteger a sus familias son dos de los factores que han mantenido la desaparición de personas migrantes como una crisis silenciosa. Académicos del SUJ investigan el tema bajo el proyecto Voces buscadoras.

40 personas migrantes fueron desaparecidas en San José El Hueyate, Chiapas, el 21 de diciembre de 2024 cuando de trasladaban en lancha hacia la costa de Oaxaca. La búsqueda de esos hombres, mujeres y jóvenes provenientes de países centroamericanos y del Caribe implicará —además de los estigmas y obstáculos institucionales que parecen casi inherentes a la desaparición en México— una complicación ligada a su condición de movilidad: la de ser como fantasmas en un territorio que los desconoce.

“¿Cómo se logra acreditar que la persona estuvo en el país? ¿Bajo qué estatus entró? ¿Cuál es su nombre?” preguntó Luis Enrique González-Araiza, director del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia “Francisco Suárez, SJ”, para ejemplificar los vacíos de información que ni las autoridades mexicanas ni los consulados tienen la voluntad de llenar para iniciar una investigación que los regrese con vida. Esa es la realidad a la que se enfrentan familias enteras cuando la movilidad humana se entrecruza con el delito de la desaparición.

Este fue el tema que se abordó en el panel organizado de manera conjunta por el ITESO y la Ibero León el pasado 7 de abril. El evento se realizó en el marco de las jornadas Voces buscadoras. Movilidad y desaparición: una crisis invisible, y estas a la vez son una reunión a propósito de la investigación que lleva el mismo nombre.

En ella participan sociólogos, historiadores, psicólogos, educadores y politólogos de todos los centros de formación del Sistema Universitario Jesuita (SUJ) desde finales de 2024. El trabajo se desarrolla a través de la documentación de casos específicos de personas migrantes cuya localización es desconocida y bajo tres dimensiones: la teórica conceptual, la del acceso a la justicia y la psico socioemocional.

La intersección de dos problemáticas regionales

Adriana González Arias, coordinadora de la investigación interinstitucional y de la Maestría en Derechos Humanos y Paz del ITESO, explicó que, en lugar de migración, eligieron el concepto de movilidad human para la actividad en respuesta a las múltiples realidades con las que se han encontrado en su trabajo de campo.

“Este enfoque nos permite analizar el movimiento de personas y poblaciones sin considerarlo como una cosa anómala y sin enmarcar a las personas en categorías jurídicas específicas. […] En ese sentido la movilidad humana se aborda desde diferentes perspectivas, como es la geografía humana, la gestión migratoria y los derechos humanos”, dijo la académica.

Luis Enrique González-Araiza y Sofía Meza Mejía, coordinadora de la Licenciatura en Relacionales Internacionales del ITESO se dedicaron a dar contexto del segundo tema que atañía al panel, el de la desaparición. Este delito de lesa humanidad debe entenderse como una problemática regional en Latinoamérica desde la segunda mitad del siglo pasado, cuando los regímenes militares destituyeron democracias constituidas en países como Brasil, Chile y Argentina, explicó el director del del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia.

En México, la desaparición como una crisis sistemática data de la década de los 70, durante la Guerra Sucia o de Contrainsurgencia. Entonces, entre mil y dos mil personas fueron desaparecidas por razones políticas. Estos acontecimientos luego provocaron la creación de conmemoraciones como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas (30 de agosto) e instrumentos jurídicos como la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas.

“El andamiaje jurídico (para atender las desapariciones) ya existe. Falta que se haga jurídico”, dijo González-Araiza cuando sus colegas expusieran las estadísticas que ofrecen un “piso mínimo” para entender la magnitud de la crisis.

Hasta enero de 2026 el registro nacional de personas desaparecidas daba cuenta de casi 132 mil personas desaparecidas en México. De entre ellas 437 son personas migrantes. Para el caso de Jalisco, el total es más de 16 mil casos; solo seis son referentes a contextos de migración. Nuestra entidad, además de ser la que acumula más casos pendientes en todo el país, reporta un menor porcentaje de localizaciones con vida, y el componente migrante aparece con más opacidad y peor localización, explicó la académica Meza Mejía.

Las bajas estadísticas de personas en contextos de movilidad se explican con los vacíos de información sobre su identidad, pero también con la desconexión entre el tema y fenómenos como las muertes en el desierto de Sonora o el Río Bravo, así como el tráfico de personas con fines sexuales en zonas turísticas como Puerto Vallarta.

Ante cualquiera de esos casos, los familiares de las víctimas se enfrentan a un desplazamiento forzado para llevar a cabo la búsqueda de su ser querido, aun cuando no existe una figura jurídica que permita su estancia en el país extranjero y las proteja. Esta denuncia la hizo Azul Serratos Orozco, del Programa de Estudios sobre Migración de la Ibero León. “Qué pasa con todas las familias que llegan a un territorio nuevo, en donde no conocen el sistema de justicia; a un territorio en el que les da terror, con justa razón, moverse, preguntar, acercarse a las autoridades”, dijo durante el panel.

Sumarse y visibilizar desde la universidad

Cuando llegó el momento de preguntarse por la relevancia de abordar esta crisis en la comunidad del SUJ, Sofía Meza Mejía recordó que es responsabilidad de las universidades “visibilizar esto que se trata de invisibilizar a través de las estadísticas, de las leyes; documentar críticamente y conectar estas piezas que parece que están dispersas”.

Un método ideal para pasar a la acción es, en primer lugar, conocer lo que las personas fuera de las universidades están haciendo, para luego sumarse a esos mismos procesos desde las posibilidades de cada disciplina, recomendó Adriana González Arias.

Entre las herramientas y proyectos que se han gestado de esa manera en el ITESO están el PAP Migración en Jalisco, las asignaturas propuestas por el Programa de Asuntos Migratorios, algunas actividades del Centro Universitario Ignaciano (CUI) y la guía ¿Qué hacer ante la desaparición de una persona? del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia “Francisco Suárez SJ”.

FOTO: Zyan André