Prioritario crear puentes entre universidades y con la sociedad civil, coincidieron los representantes de distintas instituciones educativas en el XXXII Congreso Nacional de Posgrado, en el ITESO.

Una idea nueva que puede materializarse en un amplio rango de soluciones, en la forma de “productos, servicios, modelos o estrategias que al mismo tiempo puedan satisfacer necesidades sociales, atender una demanda o resolver un problema social, generando relaciones de colaboración y un aprendizaje social”. Esto es innovación social, según las palabras de María Luisa García Batiz, coordinadora de Investigación, Posgrado y vinculación de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Bajo la temática “El sistema universitario de Jalisco como plataforma para la innovación social”, representantes de universidades de la entidad reflexionaron respecto al papel que juega la academia como creadora y facilitadora de la innovación social, como parte de un panel en el marco del XXXII Congreso Nacional de Posgrado, con sede en el ITESO, el pasado viernes 28 de septiembre.

Acompañando a María Luisa García, participaron Salvador Cervantes Cervantes, director General Académico de la Universidad del Valle de Atemajac (Univa); Carlos Eduardo López Hernández, director de la Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana (UP); Pablo Ayala Enríquez, decano asociado de Formación Humanística y Ciudadana de la Escuela de Humanidades y Educación del Tec de Monterrey y Francisco Urrutia de la Torre, coordinador de la oficina de Investigación y Posgrado del ITESO.

Este último enfatizó la importancia del esquema de cuádruple hélice para los procesos de innovación social, en el que participan la sociedad civil organizada, en colaboración con la academia, gobierno e iniciativa privada.

Señaló que Jalisco, a pesar de ser pionero en diferentes ámbitos a nivel nacional, es una tierra de contrastes, ya que alberga el municipio “donde más personas murieron por enfermedades relacionadas con el hambre de 2001 a 2011 –refiriéndose a la capital; (Jalisco) es también un estado con 3 mil desaparecidos, donde en los últimos años desarrollamos, junto con otros estados, “la brillante innovación de transportar los cadáveres en tráileres frigoríficos”. De estos problemas tenemos que hacernos cargo mediante la innovación social”, exclamó Francisco Urrutia.

“Tenemos que seguir tendiendo puentes –entre universidades- e interactuando para resolver estos problemas que amenazan con seguir desquebrajando nuestra sociedad”, mencionó el académico.

Para Pablo Ayala, del Tec de Monterrey, “la innovación social abona a la reducción de brechas de desigualdad, exige la participación de nuevos actores y nos permite atender los derechos sociales básicos relegados por el mercado, además de que posibilita alinear las demandas del mercado profesional con los bienes internos de la profesión”.

Un tema que no se puede excluir, de acuerdo con Carlos Eduardo López, de la UP, es la implementación de materias relacionadas con innovación social en todos los programas educativos, tanto en pregrado como en posgrado.

Coincidió Salvador Cervantes, de la Univa, quien resaltó la creación durante la presente administración estatal de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT), a través de la cual se dio auge al impulso de proyectos relacionados con el emprendimiento y la innovación social en Jalisco. “Creo que puede ser replicado en diferentes estados y tiene que ver con el nuevo contexto de la ciudad y cómo se está cambiando la vida en la ciudad y las periferias”.

Proyectos

Todas las universidades con presencia en el panel han apoyado, liderado y participado en proyectos que tienen a la innovación social como ingrediente clave. El ITESO, por ejemplo, impulsa una agenda de investigación financiada por la propia universidad, que incluye proyectos para la solución de problemáticas económicas relacionadas con pobreza y desigualdad, inseguridad alimentaria, corrupción y pobre generación de empleo; de salud y salud preventiva, que tengan que ver con enfermedades por obesidad y sobrepeso, desnutrición e insuficiencia en la cobertura del esquema básico de vacunación infantil, entre otros; y ambientales, congruentes con problemas de movilidad, la regulación de la contaminación atmosférica industrial y agropecuaria y la gestión y consumo sustentable del agua y energía, señaló Francisco Urrutia.