La Secretaría de Educación Pública da apenas 90 días para que autoridades escolares estatales y municipales implementen protocolos que resuelvan el problema del bullying en los planteles de educación básica

La estrategia gubernamental para combatir el acoso escolar o bullying es insuficiente y limitada, consideraron académicas del Departamento de Psicología, Educación y Salud (DPES) del ITESO, en el marco del pasado Día Internacional de la Educación, que en 2024 tiene por lema “Aprender para una paz duradera”.  

Maelvi Muñoz Álvarez, coordinadora de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, y Liliana García Ruvalcaba, coordinadora de la Maestría en Educación y Convivencia, cuestionaron el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en diciembre de 2023 por el que se emiten los Lineamientos para el protocolo de erradicación del acoso escolar en educación básica. 

Este documento dota de 90 días a autoridades educativas estatales y municipales para diseñar, publicar e implementar un protocolo de erradicación del acoso escolar, mismo que será aplicable en todas las escuelas de educación básica de sus demarcaciones. 

García Ruvalcaba criticó el enfoque de erradicación del acoso escolar, mismo que pone el foco en un problema de violencia, cuando sería prioritario pensar en cómo favorecer relaciones, ambientes y estructuras que sienten las bases para el desarrollo de personas que logren respetarse. 

“No negamos que exista el problema de acoso escolar, pero hay mucha violencia escolar que va más allá del acoso. Otra limitante es que lo acota a hacerlo desde un protocolo, es decir, una guía de actuación que establece una ruta de respuesta institucional para enfrentar un problema de acoso”, dijo. 

Sin embargo, la académica insistió en que el protocolo no debería ser el fin, sino una herramienta. “Y no puede ser la única, porque el protocolo en sí no erradica la violencia. Hay un terreno que va más allá de lo normativo, que son las prácticas y la vida escolar”, añadió. 

Las académicas coincidieron en que este protocolo tendría que formar parte de un proyecto de largo aliento que idealmente involucrara a las autoridades y comunidades educativas de todos niveles, para garantizar que no quede en letra muerta. 

Liliana García señaló que el objetivo de erradicar el acoso escolar será imposible de alcanzar con los tiempos y recursos dados y desde tantos enfoques transversales y tantos frentes que el acuerdo pretende atacar. Además de establecer acciones para la atención, el protocolo deberá contemplar directrices para la prevención, la detección, la notificación, la intervención y le seguimiento, así como medidas de no repetición. 

“Son procesos muy complejos que se pretende atender sólo desde un protocolo. La prevención y la no repetición, por ejemplo, podrían apuntalarse mejor desde otro tipo de programas, como proyectos de formación y capacitación, la constitución de equipos para el diálogo y otros procesos de largo aliento”, apuntó la docente.  

También consideró prácticamente imposible lograr la titánica tarea en los 90 días estipulados, cumpliendo además con todos los principios rectores y perspectivas que se señalan en el acuerdo, y que plantean que dicho protocolo deberá considerar un enfoque comunitario, diferencial y especializado, humanista, de derechos humanos, centrado en las víctimas y con perspectiva de género, que se rija también por procurar el interés superior de la niñez, ser inclusivo, intercultural, que promueva la corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades, entre otros tantos objetivos. 

“Es difícil cuestionar los elementos que coloca como perspectivas; lo que sí me queda claro es que las pone como una colección desarticulada, y pues el que mucho abarca, poco aprieta”, dijo. 

La académica auguró que los documentos resultantes podrían reflejar las carencias del sistema educativo, tanto en recursos presupuestales, administrativos y humanos como en tema de capacitación de las autoridades escolares. “Se asume que es una tarea sencilla, que existen los recursos y las personas para llevarla a cabo, y pues no”, aseguró. 

Comenzar el diálogo

Por su parte, Maelvi Muñoz rescató que se quiera trabajar una estadística en el tema, a la vez que confió en que la inminente aparición de los protocolos detone el diálogo en torno a mejores estrategias para atender el problema del acoso escolar.  

“[A los profesores] sí nos interesa un entorno menos violento; nos urge. Hay una oportunidad para ver este acuerdo, más que como una imposición, como una coyuntura para trabajar por este objetivo”, apuntó Muñoz Álvarez. 

Aplaudió que los lineamientos hagan énfasis en la formación continua del profesorado, especialmente en temas de convivencia, cohesión social, cultura de paz y desarrollo de habilidades socioemocionales, entre otros ejes. También se prevé la elaboración de campañas de sensibilización en colaboración con instituciones públicas, académicas, de la sociedad civil o medios de comunicación, en aras de favorecer la participación organizada de la comunidad escolar como parte de una estrategia de prevención. 

“Los artículos 19 y 20 abren oportunidades de colaboración y aprendizaje de las comunidades educativas en temas que son muy relevantes y que van más allá de un protocolo, que ya hablan de una estrategia de mayor aliento y, por tanto, de más posibilidades de transformación”, mencionó Liliana García. 

Dado que el documento contempla la creación de redes colaborativas con universidades para consolidar esquemas de prácticas profesionales o servicio social enfocados a tratar diversos temas relacionados con el acoso escolar y la identidad comunitaria, las coordinadoras consideraron que el ITESO podría ser un aliado estratégico en la materia. 

Las académicas hicieron un llamado a las autoridades para que se replanteen las condiciones para facilitar la colaboración entre los docentes de educación básica y las universidades, a fin de que, desde la academia, se acompañe a las comunidades educativas desde la investigación y, además, que los docentes puedan continuar su formación profesional con los posgrados que se ofrecen en universidades, tanto públicas como privadas. 

Educación para transformar a la sociedad

Maelvi Muñoz compartió que, desde el ITESO, se entiende que la educación tiene la función primordial de transformar la sociedad, en particular con un enfoque de cultura de paz, de derechos humanos, de justicia social y de convivencia. 

Los egresados de la licenciatura cuentan con los conocimientos necesarios para gestionar ambientes educativos, facilitar, acompañar y evaluar los procesos de aprendizaje en diversos espacios y generar conocimiento sobre el fenómeno educativo, así como de impulsar propuestas innovadoras y emprendimientos para resolver, con estrategias nuevas, problemas viejos. 

En tanto, la Maestría en Educación y Convivencia ofrece ámbitos de especialización orientados a la mejora y la transformación de contextos educativos formales o no formales, además de que busca acercar elementos para diseñar proyectos y ambientes educativos que impulsen las máximas ya mencionadas, a través de la incidencia directa o indirecta de los estudiantes en los escenarios donde ya tienen una práctica profesional. 

Además de la Licenciatura en Ciencias de la Educación y de la Maestría en Educación y Convivencia, el ITESO ofrece otros programas que comparten esta visión, como la Licenciatura en Psicología, la Maestría en Desarrollo Humano, el Doctorado Interinstitucional en Educación, la Maestría en Derechos Humanos y Paz y la Especialidad en Deporte para el Bienestar y el Desarrollo. 

 

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