Amnistía Internacional presentó el informe Desaparecer otra vez en el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia «Francisco Suárez, SJ» del ITESO. Este documento expone los múltiples obstáculos que enfrentan las personas que buscan a sus familiares desaparecidos en México, incluyendo violencias directas, afectaciones a la salud mental y física, así como impactos económicos significativos 

En México, la violencia trasciende hasta el punto en que una persona puede ser desaparecida múltiples veces. En los registros nacionales, las cifras se reducen como si cada número no representara una vida omitida, una familia herida. En las SEMEFO de todo el país, los cuerpos se ocultan unos sobre otros. Algunas familias han esperado más de una década para recibir los restos de sus seres queridos, identificados mucho tiempo atrás. 

“La crisis de desaparición que se vive en este país es de tal envergadura que […] todas las personas en este país tenemos a un familiar desaparecido o conocemos a alguien que lo tiene”, señaló Edith Olivares Ferreto, coordinadora de Amnistía Internacional México, durante la presentación del informe Desaparecer otra vez: violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México, en el Centro Universitario de la Dignidad y la Justicia (CUDJ), Francisco Suárez del ITESO. 

En el evento, moderado por Luis Enrique González director del CUDJ, participaron Olivares; Martha Leticia García, coordinadora del colectivo «Entre Cielo y Tierra Oficial»; María Alejandra Nuño Ruiz Velasco, asesora investigadora en la rectoría del ITESO; y María Guadalupe Morfín Otero, abogada, poeta y defensora de derechos humanos. Todas ellas abordaron el panorama de la desaparición en el país, la importancia de la labor de los colectivos y las múltiples afectaciones a las que se exponen en su labor, que van desde lo físico y mental hasta amenazas, desapariciones y asesinatos. 

La violencia estructural que sufren las mujeres buscadoras 

La organización tiene claro que la desaparición múltiple se extiende también a quienes dejan sus vidas, trabajos y hogares para dedicarse a la búsqueda. Estas personas se ausentan de la vida social, dejando un vacío en sus hogares, ya que la búsqueda se convierte en un trabajo de tiempo completo ante la ineficiencia o indiferencia de las instituciones en los tres órdenes de gobierno. Como expresó García: “Somos desaparecidas porque hemos perdido nuestro empleo por buscarles, por necesitarlos” y añadió que “la búsqueda no es solo por ellos que estamos buscando, es también para que todos podamos seguir regresando a casa”. 

En el informe, en el que participaron 661 mujeres buscadoras de 134 colectivos de casi todas las entidades del país, se documentaron las diversas violencias estructurales que enfrentan las personas buscadoras, desde amenazas y extorsión hasta la expresión máxima de violencia. Según el informe, de 2011 hasta mayo de 2025, 32 personas dedicadas a la búsqueda fueron asesinadas. Estos homicidios ocurrieron en el marco de las búsquedas, después de denunciar amenazas o tras la identificación de responsables. Se señala que la cifra, así como la del Registro Nacional de Personas Desaparecidas (que apunta a casi 134 mil personas desaparecidas), podría ser mayor debido que no siempre se denuncia, ya sea por desconfianza en las instituciones y el temor a represalias. “En México ya tenemos una suerte de desaparición al cuadrado, es decir, mujeres que están buscando a sus familiares desaparecidos y que ellas también son desaparecidas”, explicó Olivares. Las afectaciones directas también incluyen extorsiones, amenazas, ataques y acoso. Solo un 10% de las buscadoras están adscritas a algún mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos, mientras que a otras les otorgan tan solo un botón de auxilio, una estrategia insuficiente ante la gravedad del contexto.  

Una de las afectaciones más frecuentes es la salud mental. Más del 70% de las buscadoras viven con depresión, insomnio y temor. La incertidumbre sobre el destino de sus familiares, sumada a que las iniciativas siempre apuntan a la búsqueda en muerte (al generar siempre búsquedas en fosas clandestinas e instituciones forenses), se añade a la dificultad de enfrentar un sistema burocrático y autoridades que se describen en el documento como inhumanas y carentes de empatía. también consideran que las buscadoras se exponen a imágenes violentas y escenarios devastadores como fosas clandestinas. “Están literalmente poniendo su cuerpo y poniendo su vida para encontrar a estas personas”, apunta Olivares.  

La salud física también se ve afectada. El informe documenta enfermedades como colitis, gastritis, diabetes, problemas cardiacos, cáncer y daños físicos derivados de las labores de búsqueda, como hongos o lesiones por caídas. Además, enfrentan una multiplicidad de violencias interseccionales, agravadas por su condición de movilidad, origen indígena, color de piel o situación económica, factores que profundizan su vulnerabilidad. “Ocho de cada 10 mujeres buscadoras reportan, entre las mujeres que nosotras entrevistamos, reportan tener alguna afectación en la salud”, señaló Olivares.  

Otro aspecto importante es la dimensión económica. Muchas pierden sus empleos por discriminación y deben invertir recursos propios en la búsqueda, además de asumir responsabilidades de cuidado y sostén económico en sus hogares, ya que el 75% de los desaparecidos son hombres. La mayoría de las buscadoras son mujeres, por lo que la desaparición implica una responsabilidad triple: proveedoras, cuidadoras y buscadoras. 

El informe también señala que el 99% de los casos de desaparición forzada quedan impunes, y que “prácticamente no se tiene ninguna sentencia”, dice Olivares. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) han afirmado que existe un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio mexicano. Sin embargo, las Secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (SEGOB), así como la presidenta Claudia Sheinbaum, han negado la existencia de desapariciones forzadas por parte del Estado. “En México desaparecen alrededor de 40 personas cada día”, dijo Olivares.  

Negar la desaparición es negar a los desaparecidos y a quienes diariamente arriesgan su salud e integridad para buscar a sus familiares. Ante esta complejidad, Amnistía Internacional emitió una serie de recomendaciones a diversas instancias, entre ellas el reconocimiento de las buscadoras como defensoras de derechos humanos para que puedan ser adscritas al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.  

Nuño destacó que el informe presentado es valioso porque reafirma las obligaciones que tienen las autoridades, incluso cuando estas se encuentran rebasadas o anuladas. Subrayó que es deber del Estado no solo buscar e investigar, sino también prevenir, sancionar, cuidar, detener y proteger a las víctimas. Finalmente, resaltó que el documento sigue mostrando el profundo dolor que viven muchas personas. Al concluir, las ponentes expusieron la necesidad urgente de que se publiquen y desarrollen políticas públicas con una visión integral que atienda las diversas violencias que atraviesan estas mujeres.

 

FOTO: Zyan André