La Academia de Derecho Social organizó el conversatorio “Retos y perspectivas del derecho agrario en el sistema jurídico mexicano”, para visibilizar las problemáticas en torno a la justicia agraria
El pasado 19 de marzo se llevó a cabo el conversatorio “Retos y perspectivas del derecho agrario en el sistema jurídico mexicano”, en el que participaron el profesorado de derecho agrario de la carrera de derecho del ITESO: la Dra. Imelda Carlos Basurto, quien abordó el tema: “los retos en la impartición de la justicia en México” y el Dr. José Alfredo Ramírez Signored, quien presentó el tema “La función social de la propiedad rural”. La moderación corrió a cargo de la Dra. Stephanie Calvillo Barragán, coordinadora docente del área de derecho social.
En un primer momento, Imelda Carlos Basurto visibilizó la importancia de la materia del derecho agrario dentro de la malla curricular de la carrera de Derecho en el ITESO y el esfuerzo de la Universidad por formar estudiantes comprometidos por las causas sociales, asimismo, realizó un recorrido histórico de la justicia agraria en México a partir de 1915 con nuevas acciones agrarias, entre las que destacan la dotación de ejidos, restitución de tierras y el reconocimiento de la comunidad así como la constitución de autoridades con mayor sensibilización social, que conocen y resuelven asuntos a través de un nuevo procedimiento, lo que representó un gran avance, debido a que antes de esa fecha no existían autoridades especializadas en materia agraria, y eran los tribunales civiles los que resolvían sobre la materia.
La profesora también abordó puntualmente los retos presentes en la impartición de justicia agraria en nuestro país, entre ellos el exceso de asuntos que atiende un solo tribunal y el poco personal con el que se cuenta, el uso desmedido de las causales de diferimiento de la audiencia de ley, el aspecto presupuestal como un obstáculo para contar con peritos suficientes que funjan como terceros en discordia, la falta de traductores de las diversas lenguas indígenas, y la ausencia de una plantilla completa de las y los magistrados en los tribunales unitarios agrarios.
Al finar de su ponencia, enfatizó sobre la necesidad de implementar tecnologías de la información a los procesos agrarios y de buenas prácticas que coadyuven al principio de celeridad, iniciando con la necesidad de una nueva legislación agraria, por tener más de 30 años la vigente, a partir de la lógica de una nueva realidad agraria, así como la importancia de dignificar los espacios físicos de los tribunales, con el objetivo de volverles espacios inclusivos, con personal suficiente y capacitado.
José Alfredo Ramírez Signored impartió el tema sobre la “función social de la propiedad rural”, señalando la cruda realidad posterior a la reforma constitucional del año 1992, toda vez que, a diferencia de lo que se esperaba, la productividad en el campo mexicano no aumentó, no se subsanó el minifundio, el campesinado no dejó de ser pobre y el país perdió su soberanía alimentaria, lo anterior justificado con cifras y movimientos sociales que el profesor refirió en la sesión.
Y si bien es cierto, tal como lo señaló el profesor, que sí se logró la autonomía en la jurisdicción agraria y la certeza jurídica respecto a la delimitación, destino y asignación de tierras, actualmente representa mayores beneficios para el campesinado la enajenación o cesión de sus tierras, que trabajar en su uso y aprovechamiento en beneficio de la sociedad.
También abordó las malas prácticas relacionadas al campo mexicano respecto al medio ambiente, las causas de migración, los vicios en la utilización de las tierras, la ausencia de conocimientos técnicos del campesino y de la campesina sobre el cuidado y la utilización de las tierras, así como el abuso a cargo de algunas empresas a partir de la realidad existente.
En ese mismo orden de ideas, el profesor planteó las siguientes preguntas: ¿Qué pasaría si se hubiese mantenido la prohibición de enajenar las parcelas y la obligación de cuidarla y utilizarla a cargo del campesinado? ¿la migración habría crecido tanto? ¿el agro estaría tan abandonado y viviendo la peor crisis de su historia? ¿tendríamos una clase campesina productiva que coadyuvara a la soberanía alimentaria?
Lo anterior generó cuestionamientos sobre la pertinencia de establecer obligaciones bajo el esquema anterior o de uno nuevo, y sobre la garantía exclusiva alimentaria del Estado mexicano, así como la extensión de esta a los particulares. Finalmente, el expositor presentó los derechos que se desprenden de la legislación agraria, así como de la necesidad de un abordaje a la justicia con un enfoque multicultural y la clara disminución de la participación de las mujeres en las laborales agropecuarias del campo mexicano con relación al año 2007.
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