Expertos en criminalística, impartición de justicia y derechos humanos cuestionaron profundamente el proceso pericial y denunciaron confabulación entre políticos, ejército, policías y narcos.

Ineficaz, torpe, carente de rigor y plagada de errores inexplicables, la investigación llevada a cabo por la Procuraduría General de la República en torno al caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa es incapaz de sostener de manera seria y científica la hipótesis de que estos fueron capturados, asesinados e incinerados por órdenes del alcalde de Iguala y su esposa.

Ayotzinapa

Luis Eduardo Rivero, Eleazar Navarro, Jesús Ibarra y David Velasco, SJ

Muy lejos de esta versión, expertos internacionales que revisaron el caso apuntan a una confabulación con un alto nivel de corrupción relacionada con el tráfico internacional de drogas que involucra al Ejército mexicano, a las policías federal y estatal, a políticos guerrerenses y al grupo delictivo Guerreros Unidos.

En pocas palabras, el caso está más abierto que nunca, tal como los padres de los estudiantes le han demandado al Gobierno de México que lo reconozca oficialmente, en lugar de quedarse con la “verdad histórica” que abanderó la PGR: por órdenes del alcalde unos sicarios los capturaron, los quemaron en el basurero de Cocula y luego echaron sus restos al río del mismo nombre.

“La famosa verdad histórica [la que presentó en enero el exprocurador de México, José Murillo Karam, basándose únicamente en los testimonios de los sicarios supuestamente involucrados] se está convirtiendo en una mentira histórica”, afirmó Jesús Ibarra, Doctor en Derecho Público y profesor del ITESO, quien la noche del 30 de septiembre participó en la mesa de diálogo “Ayotzinapa, a un año de la tragedia”, en la biblioteca de la universidad, organizada por la Unidad Académica Básica «Innovación jurídica», a cargo del académico Luis Eduardo Rivero, quien fungió como moderador.

Al igual que Ibarra, el jesuita David Velasco, Doctor en Educación y coordinador del Programa Formal de Investigación del SOJ y el experto en criminalística Eleazar Navarro, Doctor en Ciencias Forenses y profesor del ITESO, cuestionaron profundamente la actuación del gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto, denunciaron la ausencia de un Estado de derecho en Guerrero –varios de sus municipios están profundamente corrompidos por el narco– y validaron el informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Este caso está pericialmente muerto, no va a haber verdad histórica científica; va a haber nada más verdad histórica procesal, a voluntad de los gobernantes”, sentenció Navarro. Texto Enrique González Foto Roberto Ornelas