DERECHOS HUMANOS / SOCIEDAD

Indolencia de autoridades multiplica la violencia contra las mujeres

En los últimos cinco años, se han incrementado en un 68% los asesinatos de féminas en México; las raíces de esta violencia son profundas y deben combatirse también desde espacios como el hogar y las universidades, piden especialistas y activistas.

La violencia contra las mujeres está aumentando en México año con año. Punto.

Las demandas, las casi súplicas de activistas, investigadores, defensoras de derechos humanos y, por supuesto, de las víctimas, hacia todos los niveles de autoridad en México (gobiernos, políticos, jueces, universidades, familias, iglesias) ya resultan atronadoras: no esperen a que las mujeres lleguen golpeadas o muertas para actuar, para prevenir, para erradicar la violencia contra ellas.

En los últimos cinco años, los asesinatos de mujeres han crecido un 68% en el país, según cálculos de distintas organizaciones, entre ellas el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (observatoriofeminicidiomexico.org), elaborados con las cifras oficiales de la PGR. Pero existe otro dato que preocupa particularmente a las activistas: el 30% de esos asesinatos (más de 2 mil desde 2011 y hasta principios de 2013, cifras siempre consideradas como muy conservadoras por los activistas), fue cometido por las parejas o una persona conocida de las féminas.

Las mujeres mexicanas viven en un “estado de indefensión total”, declaró María de la Luz Estrada, coordinadora del área de Violencia y Derechos Humanos de la organización civil Católicas por el Derecho a Decidir y del citado observatorio, quien vino al ITESO para participar la tarde del lunes 28 de octubre en el Auditorio Q en el diálogo “La violencia contra las mujeres; análisis y perspectivas”, junto Olga Aikín y Agustín Verduzco, académicos del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO especializados en estos temas, y a Alejandra Cartagena, activista y abogada del caso de Imelda Virgen, cuyo asesinato en Jalisco se ha convertido en todo un ejemplo de lo mucho que tienen por mejorar los aparatos de procuración de justicia de México, ineficientes y poco sensibles a este tipo de violencia, en opinión de Cartagena.

Y es que la violencia contra las mujeres –cuya manifestación más brutal es el feminicidio, pero también incluye el secuestro, la explotación sexual, la violencia verbal, el acoso sexual, la violencia psicológica o el maltrato físico– conlleva una serie de ingredientes multifactoriales: misoginia, odio, discriminación, machismo y una sociedad patriarcal que alienta la sumisión de la mujer y establece su menor valía respecto al varón como una situación “normal, asumida y natural”, coincidieron en señalar todos los participantes en el diálogo.

“No nada más se da detrás de una puerta. La violencia se da en la comunidad, en el trabajo, en los centros educativos…”, sentenció Verduzco, cuya intervención fue enriquecida por Aikín, quien agregó que la violencia contra las mujeres a nivel internacional sufre episodios tan deplorables como la lapidación o la ablación (mutilación del clítoris) en algunas sociedades musulmanas radicales.

Aunque no existen cifras confiables a nivel mundial, la ONU o instancias como la Comisión Interamericana de Mujeres califican al feminicidio como el principal problema para las mujeres latinoamericanas, siendo El Salvador el país con los peores números: 12 muertas por cada 100 mil mujeres. Estadísticas del Banco Mundial refieren que “las mujeres entre 15 y 44 años de edad corren mayor riesgos de ser violadas o maltratadas en casa que de sufrir cáncer, accidentes de vehículos, guerra y malaria”.

Jalisco, en los primeros lugares en trata de personas

En Jalisco, en lo que va de 2013, han sido asesinadas un centenar de mujeres, pero en los últimos 14 meses, desde que se tipificó el feminicidio como un delito, la Fiscalía General del Estado de Jalisco solamente ha sentenciado a un criminal; además, la Zona Metropolitana de Guadalajara ha sido catalogada por activistas como un corredor de desaparición de adolescentes y jóvenes para prostituirlas, apuntaron las especialistas.

Estrada subrayó que, con la existencia de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y debido a los acuerdos y convenios internacionales que tiene firmados (como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer), el Estado mexicano está enteramente obligado a responder con mayor eficacia y celeridad a esta extrema situación, a crear un banco de datos nacional fiable y actualizado y a combatir el altísimo nivel de impunidad que se vive en distintos estados del país, donde los gobiernos, sean del color que sean, hacen todo lo posible por minimizar y esconder el problema, aseguró en entrevista.

“Tenemos que pasar de la denuncia a la propuesta”, señaló Estrada, quien también pidió que se distinguiera claramente la violencia de género –la cual también sufren los hombres, por ejemplo cuando se les tilda de “mandilones” cuando ayudan en la casa– de la violencia contra las mujeres, la cual definió en los siguientes términos, tomados de la histórica sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conocida como “Campo algodonero”, la cual responsabilizó directamente al gobierno de México de la muerte de tres mujeres en Chihuahua, cuyos cadáveres fueron encontrados el 6 de noviembre de 2001.

“Es la manifestación extrema de las desigualdades históricas en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, presentes en todas las sociedades. A través de valoraciones socioculturales de la diferencia sexual, se establece la supremacía masculina sobre la femenina, originando una posición de desventaja para las mujeres, que se traduce en un menor acceso a recursos, oportunidades y toma de decisiones”.

Aikín fue enfática al subrayar que “el Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanas” por encima de cualquier consideración de género o condición social. Respecto a la actuación de México frente a las presiones internacionales que le instan a erradicar y combatir la violencia contra las mujeres, recordó que los estados como el mexicano, suelen pasar por cuatro fases antes de verdaderamente atacar el problema: primero, Negación total; luego, deciden otorgar algunas Concesiones estratégicas; después implementan una Institucionalización (generando leyes y movilizando sus aparatos judicial o policíaco, más a manera de “maquillaje”) y, cuando la presión es intensa por parte de organismos como la ONU, finalmente llegan al Cumplimiento de las recomendaciones y las leyes en la materia. “Este es el brinco que no se logra dar en México”, aseveró Aikín.

 

 Elementos para considerar un feminicidio

• Asesinato doloso.
• Elementos de discriminación.
• Elementos de denigración.
• Elementos de vejación.
• Elementos de brutal ferocidad.
• Todos para ser catalogados como un crimen de género.

 

De acuerdo con el Código Penal del Estado, una persona culpable por feminicidio recibe una condena carcelaria entre los 25 y 45 años de prisión.

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