DERECHOS HUMANOS / SOCIEDAD

Autoridades wixaritari denuncian atropellos y anomalías

El 9 de agosto es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, sin embargo, la comunidad Wixárika siente que hay poco que celebrar.

“Nos reconocen que existimos. Eso a veces nos hace sentir tan halagados. Se nos toma la foto y ya, se acaba, ¿y qué sigue?”, opinó Mijares Valdez, presidente de bienes comunales de Santa Catarina. Por eso, dice, prefieren concentrarse en pensar en lo que falta por lograr.

El pueblo wixárika en la defensa del Kiekari, su territoio: Diálogo y acuerdos entre comundiades wixáritari, gobierno y sociedad civil

El pueblo wixárika en la defensa del Kiekari, su territoio: Diálogo y acuerdos entre comundiades wixáritari, gobierno y sociedad civil

“Son un sinfín de atropellos y anomalías que ocurren en nuestras comunidades y por eso tenemos la necesidad de hacer estos pronunciamientos alternativos a los oficiales que hace el Presidente de la República”, señaló Ubaldo Valdez, secretario de Bienes comunes de San Sebastián Teponahuaxtlán-Wautia, ambos reunidos en la rueda de prensa previa al foro “El Pueblo Wixárika en la defensa del Kierakri, su territorio”.

La Casa ITESO Clavigero, en una actividad coordinada por el Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano y el Centro de Investigación y Formación Social, acogió a los representantes wixaritari de San Sebastián y las comunidades de San Andrés Cohamiata, Tatei Kié, Santa Catarina Cuexcomatitlán-Tuapurie, Tuxpan de Bolaños-Kuxuri Manuwe y Bancos de San Hipólito-‘Uweni Muyewe. Sus territorios se extienden por los estados de Jalisco, Zacatecas, Durango y Nayarit, y ahora trabajan como un solo frente para defender sus derechos.

En una nueva etapa de hermandad y fortalecimiento, el pronunciamiento señala que la unidad es necesaria para visibilizarse nacional e internacionalmente, por lo que las comunidades indígenas wixaritari ahora están agrupadas en el Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta, dentro del Marco Internacional de las Poblaciones Indígenas.

En su pronunciamiento, demandan al estado mexicano el reconocimiento como pueblo indígena y que sean considerados como sujetos de derecho público dentro de los estándares más altos, y demandan la cancelación de todas las concesiones mineras dentro del territorio sagrado de Wirikuta, dentro de las más de 140 mil hectáreas que abarca el Área Natural Protegida, así como el respeto a sus formas autónomas de decisión y organización.

También exigen el reconocimiento y protección de los territorios y lugares sagrados, principalmente Hauxa Manaká, ubicado en San Bernardino, municipio de Pueblo Nuevo, Durango; Xapawiyemeta, en Chapala, Jalisco; Teekata, en el corazón del Pueblo Wixárika; Haramara, en San Blas, Nayarit, y Wirikuta, en los municipios de Real de Catorce, Charcas, Vanegas, Villa de la Paz y Villa de Ramos, en San Luis Potosí.

“A pesar de que los pueblos indígenas a nivel mundial somos agredidos y discriminados en nuestros derechos fundamentales, seguimos siendo la bandera y el origen de la población mexicana. Por ende, somos el soporte, por nuestra riqueza natural y cultural”, declaró Santos de la Cruz, representante de la comunidad de Durango Bancos de San Hipólito.

El valor de a tierra
El pueblo Wixárika lleva más de 40 años en la defensa de sus lugares sagrados, con riesgo de expropiaciones mineras, intereses comerciales o la construcción de vías de acceso que dañen su territorio.

Para entender su defensa, según mencionó Rubén Ávila, asesor jurídico, es necesario comprender su visión particular sobre sus tierras y territorios, la cual es diferente a la de la población no indígena.

“Nosotros vemos la tierra como una mercancía negociable o que se puede transferir. Ellos no tienen esa visión, y eso ha provocado su férrea defensa de sus tierras. Para tratar de solucionar sus problemáticas siempre recurren ante la autoridad y son respetuosos pero firmes en sus demandas, aunque la autoridad no siempre tiene respuestas rápidas y efectivas, pero poco a poco han ido logando reivindicar la lucha de sus tierra como un eje fundamental de su existencia”, dijo Ávila.

Entre los casos más graves está el de Bancos de San Hipólito, en el que quedaron segregados de su comunidad madre, San Andrés Cohamiata, debido a la división territorial de estados, más de 10 mil 120 hectáreas que quedaron geográfica y políticamente dentro de Durango y fuera de la titulación.

Desde 1965 luchan por el reconocimiento y titulación de bienes comunales. Por manejos indebidos de la autoridad agraria de ese tiempo, aunque Bancos había recibido el mandamiento gubernamental por el gobierno de Durando, la Comisión Agraria Mixta entregó a otro núcleo agrario no indígena la tierra, y no les dieron derecho de audiencia a los wixaritari. Lograron nulificar la resolución desde 2000 y continúan luchando para que se les reúna con el resto de su comunidad.

Este es un proceso emblemático que podría sentar un precedente importante en las luchas por la recuperación indígena de sus tierras. “Si se resuelve, tendría que hacerse lo mismo con pueblos que tienen la misma situación que nosotros en Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Por eso quizá lo quieran frenar;  es como un niño al que le dan un dulce, y entonces por qué no darlo a los otros”, ejemplificó Santos de la Cruz.

Los casos de discriminación también son recurrentes. Muchos miembros de la comunidad wixárika han salido a las ciudades, como Guadalajara, que de acuerdo con Antonio García Mijares, miembro de una minoría Tatei Kié que habita en la capital jalisciense, esta ha desarrollao una oposición contra los indígenas por medio de la discriminación. “Pocos sobresalen económicamente; es dura la ciudad”.

Sin embargo, añadió que “hoy hay una generación de jóvenes que cuestiona esto, y ya no solo en las comunidades indígenas, sino también dentro de las ciudades. El movimiento indígena en las ciudades es muy importante, porque sensibiliza a los otros para pensar en una sociedad plural”.

Muchos programas gubernamentales, añadió Mijares Valdez, “son de escritorio y no operan en nuestro contexto y por eso nos juzgan que somos antidesarrollo, pero quisiera que se entendiera que [los programas] atacan nuestros usos y costumbres. Por eso hoy estamos aquí reunidas las autoridades compartiendo ideas, y sobre todo para dar a conocer esto más allá de donde alcanza nuestra voz”. Texto Adriana López-Acosta Foto Roberto Ornelas

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