Se requiere de la sociedad civil para exigirles a sus protagonistas que lo ejecuten bien; de eso depende la disminución de la violencia y la impunidad, apuntan especialistas.

¿Qué vamos a hacer para que México sea menos corrupto? Por lo pronto, a mediados de 2017 comenzarán a funcionar los engranes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), un conjunto de leyes, instituciones y acciones que pretenden vigilar y castigar los actos ilegales de los servidores que trabajan en las instituciones públicas federales y de los estados.

No nos debería ser ajeno. Se necesita el compromiso de los ciudadanos comunes para que funcione este marco de herramientas. Para denunciar; para no participar de las chuecuras; para presionar a que las intenciones sean reales.

“La corrupción no se puede abatir sin un trabajo importante de la sociedad civil”, en la opinión de Alfonso Hernández Valdez, académico del ITESO y uno de los cinco integrantes en todo el país del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción.

Recordó que si como sociedad no logramos por lo menos disminuir el problema de la corrupción, tampoco podremos resolver otros que nos afectan diario, de manera directa, como la violencia y la impunidad.

Alfonso Hernández participó en el panel “Sistema Nacional Anticorrupción. Avances y retos”, dentro del Segundo Encuentro de Innovación Jurídica el pasado 31 de marzo en el ITESO.

Moderados por Horacio Topete Horta, miembro del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, en la mesa de discusión se sentaron además el magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Alfredo Ureña Heredia, y el Director General Jurídico de la Contraloría de Jalisco, Avelino Bravo Cacho.

Topete recordó que el organismo Transparencia Internacional pone a México entre las naciones peor calificadas en el tema: en el lugar 123, de 176 países del mundo. En estas circunstancias, el 27 mayo de 2015 se publicaron reformas a la Constitución mexicana para dar forma al Sistema Nacional Anticorrupción. Como resultado, en julio de 2016 entraron en vigor cuatro nuevas leyes federales (la del Sistema Nacional Anticorrupción, la de Responsabilidades Administrativas, la Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación). Además se modificaron otras que ya existían (la Orgánica de la Procuraduría General de la República, el Código Penal Federal y la Orgánica de la Administración Pública Federal).

Se trata de algo más que de otro conjunto de artículos y penas, armó Hernández. Al contrario, el profesor investigador calificó estos esfuerzos como “una oportunidad histórica muy importante para que realmente transforme la manera en la que convivimos”.

No todo es miel sobre hojuelas. Por ejemplo, cuando faltan sólo tres meses para que el Sistema entre en vigor, no se ha nombrado a un fiscal anticorrupción ni en el país ni en cada uno de los estados, donde el ajuste y la promulgación de leyes marchan a ritmos distintos en cada caso, recordó Avelino Bravo.

Otro reto es que los tribunales “den el ancho” y sean intocables por los corruptos, según Alfredo Ureña. Recordó que en países como Perú y Colombia han funcionado bien los jueces sin rostro, para juzgar casos de delincuencia organizada.

El panel fue organizado por la licenciatura en Derecho del ITESO; la Barra Mexicana Colegio de Aboga- dos, capítulo Jalisco; la Asociación Nacional de Abogados de Empresa en Jalisco, así como el Colegio de Abogados, el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, y el Colegio de Abogados de Jalisco Constituyente Luis Manuel Rojas.